FALLO. Los magistrados investigados admitieron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado Plurinacional.
ADMITIERON UNA DEMANDA QUE FRENÓ EN PARTE SU DESARROLLO
Denuncian a tribunos por caso de Ley del notariado
Denuncian a tribunos por caso de Ley del notariado
El magistrado Gualberto Cusi ve una "movida" política en la denuncia
William Zolá/CORREO DEL SUR
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Rosario Chanez fueron denunciados en la Cámara de Diputados por directivos de la Asociación de Notarios de Bolivia tras haber admitido una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley del notariado y otorgar medidas cautelares que frenaron el desarrollo de la nueva normativa.
La denuncia para juicio de responsabilidades fue presentada ante el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado por la presidenta de la Asociación de Notarios de Potosí Norka Jaqueline Soto Serrudo, y la presidenta del Tribunal de Honor de la Asociación de Notarios de Bolivia, Stenka Udaeta España, informó ayer, el magistrado Gualberto Cusi.
El magistrado señaló que llegaron representantes del Comité del Ministerio Público de Diputados para notificar a los tres magistrados para que se presenten mañana, jueves, ante esta instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para asumir su defensa.
“Hoy (por ayer) me notificaron y de acuerdo a la explicación que me hicieron estamos siendo convocados para el jueves a la Cámara de Diputados. Me voy a informar para ver si corresponde o no asistir a esa convocatoria del Comité de Ministerio Público”, señaló Cusi.
La demanda fue planteada pese a que las dos magistradas aclararon el sentido de las medidas cautelares y en el fondo, la resolución del TCP busca no perjudicar al Estado boliviano porque cuando se vulnera algún derecho o garantía constitucional o del bloque de constitucionalidad con una demanda pueden obligarlo a resarcir daños y perjuicios, explicó Cusi.
Agregó que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional, los magistrados vieron por conveniente conceder las medidas cautelares solicitadas por los accionantes, lo que no le gustó al Gobierno que utiliza a los notarios para activar un proceso penal, según sus palabras.
“Así se opera desde la esfera política, pero veremos cómo defendernos en esta denuncia de algunos abogados que se prestaron al interés del Gobierno y del MAS”, señaló el magistrado.
El TCP a través de una resolución aclaró que los actos notariales efectuados por los notarios en aplicación de la Ley del Notariado son plenamente válidos y surten efectos legales reconocidos por dicha ley. Además, establece como medidas cautelares la abstención de la designación de director o directora de la Dirección del Notariado Plurinacional, la inhibición de transferencia de archivos y documentos al Ministerio de Justicia y la suspensión de la elaboración del Reglamento a la Ley del Notariado.
Demandados
3 magistrados del TCP son investigados en la Cámara de Diputados por demanda de la Asociación Nacional de Notarios.
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