PROTESTA. Los trabajadores mineros bloquearon la circulación en la avenida de El Maestro.

LLEGARON DESDE PORCO, POTOSÍ; IMPUGNARON LA LEY 386 QUE CAMBIÓ REGLAS DE CONTRATOS MINEROS

Mineros cercan el TCP exigiendo fallo

Sucre/CORREO DEL SUR

Más de 300 mineros de Potosí y un grupo de víctimas de loteadores en Cochabamba prácticamente cercaron ayer el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), demandando celeridad en el trámite de sus demandas de inconstitucionalidad que esperan un fallo.
Casi a diario hay protestas en el TCP. La anterior semana un grupo de indígenas reclamó la devolución de las cartas orgánicas y estatutos autonómicos porque aseguran que no fueron tomados en cuenta. Entre el 23 y 24 de mayo, se reunieron en Sucre representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) exigiendo celeridad en la resolución de las cartas orgánicas, otorgando un plazo hasta el 30 de este mes.
Ayer, unos 300 mineros de Porco (Potosí) protestaron en las calles de la ciudad y se apostaron en puertas del TCP exigiendo un fallo a una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 386 que dio paso a un nuevo tipo de negocio minero y que avaló un contrato de asociación entre la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y las empresas mineras Sinchi Wayra e Illapa S.A. El contrato les habría despojado de su concesión denominada SORPRESA arrebatándoles sus áreas de trabajo.
Después de un mitin, los mineros se reunieron con el presidente del TCP, Efren Choque que les informó sobre el trámite de la demanda y les prometió que la resolución saldrá hasta fin de mes, según informó el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Porco, Enrique Quispe.
“Pedimos que se respete la concesión de 35 cuadrículas del cual nosotros somos titulares allá en el yacimiento minero de Porco. Ese contrato para nosotros es inconstitucional”, aseguró Quispe.
Dentro de esta pugna entre mineros en el yacimiento de Porco, donde se explota zinc y plomo, el dirigente minero explicó que la concesión cubre como un manto casi el 90% del yacimiento. “Con este contrato firmado en 2013 nos arrebatan nuestras áreas de trabajo lo cual es ilegal”, agregó el dirigente.
Algunos magistrados como el caso de Gualberto Cusi no pudieron ingresar a su trabajo por el bloqueo instalado.
La Ley 386, promulgada en julio de 2013, autoriza el contrato de asociación entre la COMIBOL y la Sociedad Minera Illapa para la prospección, exploración, explotación y comercialización de concentrados de minerales en las minas de Porco (Potosí) y Bolívar (Oruro).

Víctimas de loteadores piden justicia

También ayer, en Sucre un grupo de víctimas de supuestos loteadores en Quillacollo, departamento de Cochabamba, exigieron a los magistrados pronunciarse sobre su demanda en contra de una disposición judicial que ordenó la demolición de sus viviendas dentro de un conflicto con el presunto dueño de sus terrenos en el cerro Cota.
Uno de los afectados, Florencio Ambrosio Gallego, señaló que en la zona hay más de 250 viviendas construidas con todos los servicios básicos, pero fueron demandados por el supuesto propietario, Gualberto Olmos, quien logró que un juez en Quillacollo ordene la demolición de sus casas, pese a que ellos tienen pruebas de que compraron esos terrenos y están registrados en Derechos Reales.
“Estamos pidiendo el respeto al derecho a las viviendas, que no se vulneren las leyes. La demanda del supuesto propietario salió antes que el de nosotros; por eso procedió a desalojarnos, pero volvimos a nuestras casas; parece que este señor Olmos compra a jueces y tribunales”, aseguró.