Jueves, 12 de junio de 2014
 

PREOCUPACIÓN. Rolando Villena pidió a sus representantes hacer seguimiento de los casos.
PREOCUPACIÓN. Rolando Villena pidió a sus representantes hacer seguimiento de los casos.

UNA PERSONA FUE AHORCADA POR UNA TURBA EN COCHABAMBA

Defensor exige sanciones tras nuevo linchamiento

Defensor exige sanciones tras nuevo linchamiento



Los actos criminales preocupan a las autoridades e instituciones

La Paz/EFE

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigió ayer a las autoridades que actúen de manera "urgente" para evitar nuevos linchamientos, tras conocerse un nuevo caso ocurrido el fin de semana en la comunidad de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, una persona de 35 años fue linchada por una turba.
En un comunicado difundido por su oficina, Villena se refirió en concreto a la muerte de Edson Siñani Huallas, de 35 años, quien sufría de epilepsia y fue linchado el domingo en el pueblo de Sipe Sipe por una turba que lo ahorcó en el larguero de una portería de fútbol tras confundirlo con un ladrón.
"Mientras las instituciones del Estado no asuman la responsabilidad de la prevención y la sanción de estos delitos, los casos van a continuar en una especie de espiral de violencia que tiene la complicidad de las instituciones del Estado y la propia sociedad que los comete, los tolera e incluso los justifica", dijo.
El funcionario también anunció que instruyó al representante de la Defensoría en Cochabamba, Marcos Cuevas, que haga seguimiento del suceso y le envíe un informe sobre otros linchamientos ocurridos en ese departamento en 2013 para conocer si la Policía y la Fiscalía lograron hallar y sancionar a los responsables e instigadores.
Los linchamientos de supuestos delincuentes en el país son frecuentes, especialmente en el área rural, y, según advierten los juristas, muestran que en el país rige una pena de muerte de facto aplicada por muchedumbres violentas.
Las turbas siempre argumentan que aplican la llamada "justicia comunitaria", reconocida en la Constitución, pero las autoridades y organismos internacionales han mostrado su preocupación por esas actuaciones criminales porque el concepto de justicia indígena no establece la pena de muerte.