INVESTIGACIÓN. El Comité de Diputados sesionó en el salón de la Brigada Parlamentaria.

SE PRESENTARON ANTE EL COMITÉ DE DIPUTADOS EN SUCRE

Magistrados: Denuncias afectan la independencia

Sucre/CORREO DEL SUR

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) denunciados en la Cámara de Diputados por dar curso a una demanda contra la Ley del notariado señalaron que la denuncia atenta a su independencia y sostienen que la misma responde a intereses que buscan desestabilizar la institucionalidad, porque los tribunos no pueden ser sometidos a juicios penales ni disciplinarios por sus fallos.
Ayer, el Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados concluyó las audiencias para tomar declaraciones a 12 magistrados denunciados por la supuesta comisión de delitos de incumplimiento de deberes resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato. Empero, sólo se presentaron cinco, y el Comité emitió dos mandamientos de aprehensión contra magistradas liquidadoras del Tribunal Supremo de Justicia.
Ayer, las magistradas del TCP Soraide Chanez y Ligia Velásquez, se acogieron a su derecho al silencio y no declararon; Velásquez, pidió rechazar la denuncia de la Asociación de notarios de Bolivia, pero los diputados Wilfredo Calani y Julia Figueredo, miembros del Comité no dieron curso a la petición.
Gualberto Cusi, otro de los denunciados, no se presentó y pidió la postergación de su declaración debido a su internación en la Caja Petrolera de salud.
La magistrada Velásquez, a través de su memorial entregado al Comité, aclaró que ningún juez puede ser sometido a un juicio por el contenido de sus fallos. “Lo contrario sería someter a una presión su independencia, afectaría mortalmente a las funciones del TCP”, sentenció.
Argumentó que las resoluciones del TCP no son susceptibles de ningún recurso posterior porque es el máximo intérprete de la Constitución. “Sería un flagrante atentado contra las resoluciones de control de constitucionalidad”, agregó.
Su colega Soraide Chanez, después de presentarse ante el Comité, calificó de “malintencionada” y “dirigida” la denuncia y expresó su extrañeza por la celeridad con la que actuó el Legislativo para activar este proceso, lo que no ocurre con otros que incluso estarían con imputaciones, tal como denunció la diputada Norma Piérola.
“Lamentablemente este hecho está siendo manipulado y digitado por personal del interior y exterior del TCP”, aseguró.
Su colega Velásquez agregó que atender este tipo de pretensiones, convertiría a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un suprapoder, que no sólo emite leyes sino revoca las resoluciones y sentencias constitucionales por medio de la penalización de las mismas.
El secretario del Comité investigador, diputado Wilfredo Calani (MAS), aseguró que una vez concluidas las declaraciones, esta instancia evaluará cada caso y emitirá una resolución de rechazo o de imputación y aclaró que los diputados actúan en el marco de la ley 044 de enjuiciamiento a altas autoridades del Estado.

Denuncia

Someter a los magistrados a una constante zozobra en su trabajo implica la pérdida de independencia y posibilita que cualquier persona haga la labor de intérprete constitucional”.
Ligia Velasquez / MAGISTRADA