RECLAMO. La concejala Magda Hasse recibió el respaldo del Ministerio de Justicia cuando retornó a su curul el pasado mes.
MAGDA HASSE RECUPERÓ SU CURUL EN EL MUNICIPIO DE TARVITA, DESPUÉS DE TRES AÑOS
Esposo de concejala Hasse culpa a líderes de corromper la justicia
Esposo de concejala Hasse culpa a líderes de corromper la justicia
En mayo de 2011, Hasse fue obligada bajo presión social a firmar su renuncia al cargo
Sucre/CORREO DEL SUR
La concejala del municipio de Tarvita Magda Hasse, que recuperó su curul después de tres años de peregrinación en los pasillos judiciales, a través de su esposo, Julián Oropeza, acusó a dirigentes de las Centralías, Bartolinas y al propio gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu de manipular y corromper al sistema judicial lo que demoró su restitución al cargo. En 2011, un grupo de concejales le obligó a firmar su renuncia en un cabildo.
Su esposo, Julián Oropeza, que hace seis años era presidente del Control Social en Tarvita, llegó a este diario trayendo consigo documentación del proceso y recortes del periódico con noticias sobre este caso que marcó la agenda noticiosa. Denunció que fiscales y jueces fueron manipulados en este proceso porque pese a las pruebas contundentes de la violación de sus derechos, éstos actuaron contrariamente a las leyes.
Oropeza aseguró que junto a su esposa también sufrió la injusticia e identificó al Central Provincial de Tarvita, Pascual Apaza, y a la dirigente de las Bartolinas, Vicenta Ventura, como defensores del alcalde Wilfredo Ipiña, principal protagonista de la destitución.
El ex dirigente lamentó que habiendo tanta pobreza y actos de corrupción en los municipios, haya dirigentes, alcaldes y concejales que no respondan a las bases, sino sean instrumentos de malos manejos. “¿Ese Central Provincial va a cuidar a las bases o a los corruptos?”, se preguntó.
Reveló también que el ex fiscal de Azurduy Juan Pablo Mendieta se parcializó con el Alcalde Ipiña porque, pese a las pruebas contra ocho personas que encabezaron su destitución, los liberó de juicio penal. La resolución fue apelada ante el Fiscal Departamental, pero el sobreseimiento fue confirmado.
Lo propio ocurrió con el juez de Tarabuco Hernán Castillo, que emitió dos fallos diferentes; primero le negó la tutela cuando impugnó la resolución del Concejo Municipal que destituyó a Hasse, después en otro fallo de Amparo Constitucional determinó su restitución pero sin el pago de su salario.
Asimismo, apuntó al Gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, de “jugar sucio” con sus propios compañeros del instrumento político, porque en este proceso, en vez de buscar soluciones al conflicto, influenció políticamente en la justicia para favorecer al alcalde de Tarvita.
Reveló que el asesor legal del Gobierno Municipal de Tarvita, Alex Pérez Heredia, que se encargó de “manipular” a la justicia después de la destitución de Hasse, fue premiado con un cargo en el gabinete de la Gobernación.
Oropeza remarcó que habiendo tanta prueba sobre las ilegalidades en la destitución de su esposa Magda Hasse, la justicia se parcializó y no tomó en cuenta nada, pero sí liberó de culpa a los que ella denunció.
“Soy del instrumento político, pero no me voy a callar, intentaron hacernos callar y colocarnos a la congeladora, pero no lo lograron”, aseguró Oropeza.
El ex dirigente del Control Social recordó que en la gestión 2006-2008, denunció malversaciones de fondos y la Contraloría recién emitió un dictamen de responsabilidad de Bs 865 millones en el Gobierno Municipal de Tarvita fondos que se buscan recuperar. De la gestión del actual alcalde Wilfredo Ipiña, dijo que todavía no hay informes pese a las denuncias de corrupción.
Criticó también al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en el Departamento que no está actuando contra los dirigentes y autoridades corruptas.
Tras la restitución de su esposa en la concejalía de Tarvita, Oropeza dijo que están preparando la demanda de resarcimiento de daños en contra del Alcalde y dirigentes responsables de su destitución.
Acoso político
El caso de la concejala Hasse fue identificado como el sexto caso de acoso político contra concejalas en el país; ninguno está con sanción, según la diputada de Convergencia Nacional Norma Piérola.
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