EDITORIAL

Chile y la demanda boliviana

La dura crítica del agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a una serie de dirigentes políticos y analistas sobre la forma en que se refieren a la demanda boliviana, trasciende las fronteras de su país.
A criterio del agente, esas declaraciones muestran “irresponsabilidad y, en algunos casos, populismo y demagogia”, más aún si el 99 por ciento de quienes las hacen desconocen la demanda boliviana. Según su criterio, no “corresponde que los actores políticos pauteen la estrategia de defensa de Chile y ésta se tenga que discutir en público por la prensa”, más aún si la demanda boliviana es “un caso muy sólido, y lo que corresponde es actuar con seriedad, con racionalidad, y el ambiente político que se está instalando en torno al caso no va en esa dirección”.
Se puede analizar estas declaraciones desde dos perspectivas. Una, que más allá de las legítimas dudas, la estrategia elaborada por el Gobierno de acudir a la CIJ para que se obligue a Chile a dialogar de buena fe respecto a una salida soberana al océano Pacífico es consistente y ha desconcertado a los operadores políticos, diplomáticos y académicos de ese país. Ante el desconcierto, éstos han reaccionado como siempre, pero su impacto ha ido por otro lado y no quieren, en consecuencia, estar fuera del debate público.
Así, se ha orquestado, como reconoce el agente, un ambiente de presión a la Presidenta de ese país sobre las acciones a tomar no en el marco del debate interno, sino a través de los medios de comunicación. De esa manera, no sólo que perjudican la acción técnica de la Cancillería, sino que demuestran que aquello de que en el campo de las relaciones internacionales “todos están de acuerdo” más parece ser un mito que una realidad. Se cuadran cuando el tema es planteado y enfocado en forma tradicional, pero cualquier cambio los desorienta.
Ahora bien, lo señalado no debe ser motivo de complacencia para las autoridades nacionales sino un acicate para seguir por la senda trazada y no desviarse por peligrosos triunfalismos o comprensión provinciana de los problemas ajenos.
El segundo enfoque es que bien harían muchos colaboradores del Presidente del Estado en conocer y reflexionar sobre las declaraciones del agente chileno. Reconociendo que la promesa del Primer Mandatario de no utilizar este tema en la política interna se ha cumplido hasta ahora (y ha ofrecido hacerlo durante la campaña electoral), lo preocupante es que muchas personalidades de su entorno no desaprovechan ocasión alguna para referirse al tema y lo hacen sin una debida coordinación con quienes tienen a su cargo esta responsabilidad. El Presidente debe, en este sentido, establecer con claridad la vocería institucional y pedir que otras autoridades de gobierno no interfieran en aras del interés que tiene, lamentablemente, un claro tufo electoral.
Además, habrá que presumir, como una inferencia de las declaraciones que se comenta, que se vienen etapas muy complejas en el curso del proceso jurídico, que deberán ser atendidas con las debidas precauciones, rigor técnico-político y visión de largo plazo.