SURAZO

Evo también tiene la culpa

Juan José Toro Montoya.- Desde el 15 de junio recién pasado, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) se reúne en Doha, capital de Catar. Se trata de la reunión número 38 de esta instancia y una de sus primeras determinaciones fue incluir a Potosí en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
No se trata de una medida meramente preventiva. El secretario departamental de turismo y cultura de la Gobernación de Potosí, Osvaldo Cruz, reconoció que la inclusión en esa lista es el paso previo a la salida de la privilegiada nómina del patrimonio de la humanidad. En otras palabras, Potosí está a punto de perder el título que la Unesco le confirió en 1987.
¿Y por qué una decisión tan severa? La misma Unesco explica que Potosí fue incluido en la temida lista “debido a la actividad minera incontrolada que tiene lugar en su Cerro Rico, que podría degradar el sitio”. Más aún, el comunicado oficial agrega que “al decidir su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, el Comité citó la potencial degradación del sitio debido a las operaciones de minería, la inestabilidad y el riesgo de derrumbes en Cerro Rico, las deficiencias en su conservación, una legislación de protección ineficaz en su aplicación y el impacto ambiental del complejo hidráulico en el río, que a su vez afecta al tejido histórico y a la población local”.
Como la mayoría de los bolivianos saben, el Cerro Rico de Potosí, que figura en el escudo, se está hundiendo. El hundimiento paulatino es provocado por los trabajos que los cooperativistas mineros realizan en la cúspide de la montaña, incluso por encima de la denominada cota 4.400. Puede que los cooperativistas no sean culpables del deterioro pero sí lo son por empeorar diariamente la estabilidad del cerro.
Estudios, recomendaciones e inclusive normativa al respecto señalan que los cooperativistas deben dejar de trabajar en la cúspide del Cerro Rico pero ellos no escuchan. Dicen que sí, que saldrán de esa zona, pero siguen trabajando. La Corporación Minera de Bolivia ni siquiera ha hecho el intento de sacarlos por la fuerza, como corresponde, por la sencilla razón de que los cooperativistas mineros son aliados del Gobierno.
Junto a los cocaleros y determinados sectores de campesinos, los cooperativistas son el sustento de este régimen. Por eso es que, al aprobar la nueva ley minera, el Gobierno no consultó con las regiones productoras de minerales pero sí negoció con los cooperativistas.
Mientras el Servicio de Impuestos Nacionales acogota a la mayoría de la población boliviana, cooperativistas y cocaleros tienen trato preferencial. ¿Cómo, entonces, esperamos que saque a sus aliados del yacimiento más rico del país?
Si los cooperativistas no salen de la cúspide del Cerro Rico, Potosí no sólo perderá su título de Patrimonio de la Humanidad, que sería lo de menos, sino que la montaña comenzará a sufrir colapsos que podrían matar a decenas de personas.
Si algo de eso ocurre, los culpables no sólo serán los cooperativistas, sino también quienes les permitieron trabajar a sus anchas.