Jueves, 26 de junio de 2014
 

EDITORIAL

Nuevo informe sobre reducción de cocales

Nuevo informe sobre reducción de cocales



Conviene revisar la tradicional postura sobre el tema y animarse a debatir una nueva forma de enfrentar al narcotráfico y los terribles males que provoca

Es difícil comprender las razones por las que el Gobierno ha intentado dar tanta difusión al nuevo informe de Naciones Unidas sobre erradicación de cocales en el país, así como el aplauso recibido por parte de los representantes de ese organismo multinacional y la Unión Europea.
Si se analiza el tema sólo desde la perspectiva de los datos difundidos (y no de la metodología utilizada, que está ausente de la información oficial ni de parámetros de comparación, básicos para poder evaluar con rigor), éstos confirman que en el país hubo, desde 2003, un incremento impresionante del número de hectáreas de coca y que desde hace unos cuatro años se ha comenzado a reducir sin que hasta ahora se llegue a los niveles que se encontraban en 2002.
Por otro lado, se confirma que cerca al 50 por ciento de la producción de coca se comercializa de manera ilegal, lo que significa que está destinada a la fabricación de cocaína y sus derivados. Si se sabe que el consumo tradicional de coca, así como de la que se industrializa, proviene fundamentalmente de los Yungas de La Paz, se reconfirma aquello que siempre se ha tratado de negar desde el Gobierno: que la gran mayoría de la producción del Chapare (algunos sostienen que hasta el 92 por ciento) está destinada a la fabricación de cocaína.
Así las cosas, lo que confirma el informe es que se sigue violando la vigente Ley 1008 y que el Gobierno, por sí y ante sí, ha decidido fijar en 20.000 las hectáreas destinadas al cultivo de coca. Se trata, sin duda, de una decisión arbitraria, en la medida en que un informe de Naciones Unidas sobre consumo tradicional de esta hoja (cuya difusión el Gobierno intentó retrasar lo más posible) estableció –provocando también polémica— en alrededor de 14.000 las hectáreas requeridas para satisfacer el mercado legal. Por tanto, en las previsiones gubernamentales habría un sobrestimado de 6.00 hectáreas, que se justifica en un presunto proceso de industrialización de dicha hoja.
Pero, el tema de fondo es que el Gobierno no está planteando nada nuevo bajo el sol, y reproduce las actuaciones que desde mediados de los 80 hacen los gobiernos con relación a la producción de coca, situación que se agravaría si en Colombia se suscriben acuerdos de paz con las organizaciones guerrilleras, pues los narcotraficantes ahí radicados podrían volver a migrar hacia Perú y Bolivia.
En este entendido, bien harían las autoridades en comenzar a revisar la tradicional postura sobre el tema y animarse a apoyar a las personalidades del mundo que promueven el debate de una nueva forma de enfrentar con eficacia, respeto a los derechos humanos e independencia política, al narcotráfico y los terribles males que provoca. Mantener, inexplicablemente, la misma posición que todos sus antecesores (con más o menos intervención estadounidense, que ahora no es lo importante), es seguir manteniendo una situación insostenible e irresoluble.
El Gobierno tiene la palabra.