Domingo, 29 de junio de 2014
 

PREOCUPACIÓN. El Consejo de la Magistratura es la instancia encargada de emitir la convocatoria para elegir conciliadores.
PREOCUPACIÓN. El Consejo de la Magistratura es la instancia encargada de emitir la convocatoria para elegir conciliadores.

CULPAN AL GOBIERNO DE NO AUTORIZAR PRESUPUESTO

Consejo: No acompañan ejecución de Código Civil

Consejo: No acompañan ejecución de Código Civil



Hoy debía salir la convocatoria para conciliadores, pero el Gobierno no autorizó recursos

Sucre/CORREO DEL SUR

El Consejo de la Magistratura considera que no hay acompañamiento del Gobierno para la implementación del Nuevo Código Procesal Civil (NCPC) a partir del 6 de agosto, por ello, el lunes habrá una reunión de alto nivel con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, el Procurador General y autoridades del Órgano Judicial en la ciudad de Sucre para definir si esta normativa se implementa o queda postergada hasta fin de año.
A un mes y dos semanas de la implementación del NCPC en Bolivia, el decano del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño, informó ayer que en cumplimiento de un cronograma, este domingo debía publicarse la convocatoria para los conciliadores, pero no hay el aval del Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de los nuevos ítems lo que impide seguir con este proceso.
“No hay acompañamiento del Ejecutivo, sobre todo del Ministerio de Finanzas que no aprueba la partida presupuestaria para la creación de conciliadores, sin ellos, es imposible la implementación del NCPC a partir del 6 de agosto; no hay plata, no hay ítems y no podemos sacar la convocatoria”, aseguró Triveño.
La autoridad señaló que la respuesta del Ministerio de Hacienda es que no hay presupuesto para la creación de nuevos ítems de conciliadores que acompañarán a los nuevos juzgados públicos y precisamente estos temas serán abordados en la reunión de alto nivel.
“El lunes hay una reunión a partir de las 10:00 y hasta las 12:00 tendremos resultados para dar una conferencia de prensa y hacer conocer una posición sobre la implementación del nuevo código”, agregó Triveño.
Hace más de una semana, el procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, advirtió que será imposible aplicar el NCPC, previsto a partir del próximo 6 de agosto, si no entra en vigencia la Ley del Notariado Plurinacional, cuya aplicación fue suspendida por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Por su parte, el pasado mes, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB), en reunión con autoridades judiciales, advirtió que no está garantizada la implementación del NCPC sin los recursos económicos suficientes y, en ese sentido sugirió que la misma sea postergada hasta fin de año.
Consultado sobre el trámite de los recursos económicos para la convocatoria a conciliadores, el titular de la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF), Roger Palacios, señaló que se hizo el trámite correspondiente ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de los ítems para los nuevos conciliadores, empero, no hay respuesta de esa cartera del Ejecutivo.

Se elegirán 153 conciliadores en el sistema judicial

El decano Roger Triveño, recordó que el conciliador no necesariamente debe ser un abogado, sino otros profesionales del área social que pueden postularse para garantizar la paz social con las nuevas normas y evitar procesos largos y tediosos con la conciliación.
Informó que está previsto que a partir del 6 de agosto entren en funcionamiento 153 conciliadores, uno por cada dos juzgados públicos en materia civil y comercial. Para ello, se requiere de al menos Bs 10 millones del presupuesto judicial.
De acuerdo con el cronograma de implementación del NCPC, una vez lanzada la convocatoria, había un plazo de diez días para recibir las postulaciones, seguir con el examen de conocimientos y para los seleccionados realizar un curso de introducción durante dos semanas antes de entrar en funcionamiento el 6 de agosto.
Se incorpora en la administración de justicia como conciliadores a personas capaces de solucionar conflictos de manera ágil y pacífica, con soluciones tempranas, que colaboren a la descongestión judicial, coadyuvando al acceso efectivo de la justicia.