EDITORIAL

Entre la soberbia y el desconocimiento

A medida que algunas actuaciones de magistrados, ministros y consejeros del Órgano Judicial Plurinacional (OJP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no siguen las instrucciones provenientes del Gobierno o de dirigentes del MAS, muchas autoridades han declarado, con tono de amenaza, que se podría pedir la revocatoria de su mandato.
La última decisión que ha sacado de quicio al Gobierno ha sido declarar inconstitucional la Ley del Notariado. Recién a partir de esta sentencia –que reconfirma la forma poco seria y profesional con que se elaboran y aprueban los proyectos de ley–, en el Órgano Ejecutivo se han dado cuenta de que ha sido un error la elección de esas autoridades.
Es preciso recordar que desde varios ámbitos se criticó la reforma de la elección de ministros, consejeros y magistrados. Primero, la inclusión del voto popular en la nueva Constitución para este efecto. Luego, las respectivas leyes orgánicas en lo relacionado con la elección de sus miembros. Tercero, en el proceso de selección de postulantes y elección se reiteró su improcedencia y se vaticinó ya entonces que la reforma, por mala y manipulada, estaba condenada al fracaso.
Por último, se intentó revertir el error aprovechando que la mayoría de la ciudadana votó en blanco o nulo en la elección de esas autoridades, lo que les quitaba legitimidad para el ejercicio de sus funciones.
Nada se escuchó y sus propulsores impusieron al país autoridades judiciales sin los debidos requisitos de idoneidad profesional y laboral, como se ha ido comprobando a lo largo de estos años, sin que el Ejecutivo se sienta incómodo. Más bien, con un triunfalismo infantil, se informaba que la forma de elección de los magistrados bolivianos se había convertido en objeto de emulación en varias latitudes del planeta.
Probablemente hasta que se aprobó la considerada en el ámbito académico independiente inconstitucional tercera reelección de los actuales mandatarios, nadie en el Gobierno ni en la Asamblea Legislativa dudaba del éxito de la forma de elección de las autoridades judiciales. Fue, hay que reiterar, desde que se presentaron grosera disputas internas de poder entre los ministros y magistrados, pero, sobre todo, desde que comenzaron a salir fallos que no eran del agrado de las autoridades del Ejecutivo, que comenzó a criticarse al Órgano Judicial, pero no a la forma de selección y elección de sus miembros, que es la base de su mal funcionamiento, sino a los elegidos que, finalmente, eran sus propios candidatos.
Ahora, incluso ignorando la CPE impulsada por estas autoridades (entre los que se encuentran abogados de profesión) se amenaza con organizar un referéndum revocatorio cuando el artículo 240 de la Constitución dice expresamente que toda “persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley”.
Este desconocimiento da pie a pensar que lo que interesaría a las autoridades del Ejecutivo no es corregir errores, sino recambiar, a como dé lugar, funcionarios del OJP y el TCP para mantener y ejercer su absoluta hegemonía.