EDITORIAL

El motín policial

Hasta el momento en que se escribe este editorial se mantiene el amotinamiento policial que amenaza con radicalizarse. Esto significa dejar paulatinamente a la población a su propio cuidado, con las consecuencias que conlleva y que en varias ciudades del país ya vivimos el año 2003, particularmente en La Paz.
Desde hace décadas se afirma que el problema de la policía es estructural, y ha habido demostraciones fehacientes a este respecto. Por un lado, la profunda corrupción que reina en su interior que ha echado por la borda, hasta ahora, todos los intentos por introducir cambios en su estructura y funcionamiento. Por otro lado, los amotinamientos que se han dado desde 2000, cuando el país asistió a la primera rebelión policial durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga, amotinamiento que se repitió en febrero de 2003, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, y en una oportunidad en esta larga gestión de gobierno. Estos graves acontecimientos y otros también negativos pero de menor cuantía fueron solucionados con medidas circunstanciales, pero que ni atacaron a fondo las causas profundas que los desencadenaron ni se sancionó, luego de un debido proceso, a sus instigadores.
Por tanto, en la mentalidad policíaca y la de su familia (particularmente las esposas de los amotinados, que cumplen un importante papel de acompañamiento y presión), hay la certeza de que cualquier acción que realicen, así sea violando abiertamente el ordenamiento legal vigente, no significará sanción alguna porque la decisión circunstancial que se adopte incluirá un acápite garantizando la impunidad.
En las actuales circunstancias los amotinados cuentan a su favor con el hecho de que la campaña electoral está en curso, lo que les podría ayudar a alcanzar sus objetivos. Sin embargo, aparentemente han estirado tanto la pita que más bien la inacción gubernamental podría significar mayor merma de votos que actuando, tema que, al parecer, están en análisis en los más importantes círculos el poder.
En este contexto, además de exhortar a que los suboficiales de la Policía depongan sus medidas de fuerza y establezcan un diálogo racional con el gobierno, es preciso reconocer la necesidad de reflexionar, en un ámbito democrático y de respeto al ordenamiento vigente, la situación actual y el futuro de la Policía. La complejidad de la vida moderna, el crecimiento desordenado y vertiginoso de la población sin contar con las condiciones de albergarlos para que vivan en buenas condiciones, la expansión de la delincuencia, por citar las principales características de nuestra sociedad, exigen contar con un cuerpo policial altamente profesional, que reciba el afecto y reconocimiento de la población. Más allá de una retórica superficial, la sociedad exige una Policía transparente, eficiente y con autoestima.
Y de lo que se debe estar plenamente conscientes es de que si siguen prevaleciendo la indisciplina, la deslegitimación y los recurrentes amotinamientos, no sólo que se incrementará la inseguridad ciudadana sino que no se podrá garantizar en forma debida la pacífica convivencia social. Ese es el desafío que se tiene y que, es de esperar, el gobierno y los amotinados comprendan para poder encontrar soluciones a largo plazo, y evitar a la sociedad innecesarios temores.