JUICIO. Diputados imputó a dos magistradas y dejó en suspenso el caso de Gualberto Cusi.

SE TOMAN EN SU CONTRA EN EL LEGISLATIVO

Magistrados imputados denuncian persecución

William Zolá/CORREO DEL SUR

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que admitieron una demanda en contra de la Ley del Notariado que suspendió su aplicación, denunciaron ayer una persecución política del Gobierno para alejarles del cargo, tras conocer de la imputación emitida por una comisión de la Cámara de Diputados que, según ellos, priorizó este caso por encima de otras denuncias que están paralizadas desde el pasado año.
La denuncia contra los magistrados Gualberto Cusi, Soraide Chanez y Ligia Velásquez, está enmarcada en la Ley 044 de juicio de responsabilidades; ellos fueron notificados el pasado 12 de junio cuando los convocaron a declarar y se abstuvieron, pero en menos de dos meses ya están imputados por prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes.
La diputada opositora Norma Piérola, miembro de la comisión acusadora, que fue de voto disidente, cuestionó la celeridad de la Comisión de Diputados, situación que no ocurre con más de 250 procesos de juicio que no avanzan desde el pasado año y siguen en la fase de denuncia, imputación o acusación.
Por su parte, la magistrada Soraide Chanez, que no fue notificada con la imputación, denunció un acoso político desde la Asamblea Legislativa para desestabilizar el TCP y retomar la Presidencia que el Gobierno la perdió con la renuncia del magistrado Rudy Flores.
“El primer objetivo es suspendernos, posteriormente, no conformes con ello, estarían previendo enviarnos con detención a un penal”, aseguró la magistrada.
El Comité de Diputados que investiga el caso, dejó pendiente la situación del magistrado Cusi ante la imposibilidad de tomarle declaraciones por su delicado estado de salud, pero Piérola reveló que la imputación está lista.
“Correré la misma suerte que mis colegas, ya tienen la imputación en mi contra”, señaló ayer Cusi desde La Paz, y dijo que logró a través de una Acción de Libertad suspender el proceso en su contra mientras se recupere.
Piérola aseguró que la Comisión de Justicia Plural resolvió la imputación prescindiendo del debate y las pruebas, agregó que el proyecto de imputación no salió de esta Comisión sino del Procurador General Héctor Arce que impulsa el juicio.
“Lo estoy denunciando públicamente que esta imputación no ha sido redactado ni debatido por mi Comisión y mi Comité, ha sido impuesta desde algún órgano del Estado y tenemos información extraoficial de que fue emitido por Héctor Arce Zaconeta con la ayuda del Gabinete Jurídico”, sostuvo Piérola.
Recordó que hay dos imputaciones contra la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, y contra otros magistrados, que no avanzan en el Comité de Ministerio Público.
Este diario intentó comunicarse por teléfono con el presidente de la Comisión de Justicia Plural o algún otro miembro de esa instancia, sin resultados.

Procedimiento

Los magistrados imputados tienen 20 días para demostrar que no cometieron los delitos acusados, después, la Comisión emitirá nueva resolución confirmando o rechazando la imputación y en caso de aceptar, remitirá a la Cámara de Diputados para autorización de enjuiciamiento en el Senado que debatirá su destitución.