EDITORIAL

Un desafío para el sistema financiero nacional

La decisión del Gobierno de intervenir en el mercado financiero nacional mediante la promulgación del Decreto Supremo 2055 que fija tasas de interés para los ahorristas y los créditos destinados al sector productivo ha sido recibida con muestras de entusiasmo pero también de preocupación. Entusiasmo, porque la medida será sin duda muy favorable para ahorristas y prestatarios, pero a la vez pondrá a prueba la capacidad del sector financiero para hacer sostenibles sus actividades sin incurrir en riesgos que pongan en peligro la estabilidad del sistema en el mediano y largo plazo.
Entre los beneficiarios, se destaca el caso de quienes invierten su dinero en cajas de ahorro o en depósitos de plazo fijo (DPF). En segundo lugar, quienes recurren al financiamiento bancario para desarrollar sus actividades productivas en pequeñas, medianas y grandes empresas. Entre ellos, los empresarios pequeños son los más beneficiados y no sólo porque baja el costo del dinero que se prestan, sino también porque se espera que se flexibilicen las condiciones que hasta ahora se les exigían para acceder a créditos productivos.
Entre quienes consideran, en cambio, que la disposición puede abrir las puertas a riesgos que a la larga podrían tener efectos contraproducentes, figuran los empresarios y ejecutivos del sector financiero representados por ASOBAN. Ellos temen que al sustituir al mercado por la intervención estatal como principal regulador de los intereses, los mayores costos financieros ocasionen una drástica disminución de la rentabilidad del sector, en lo inmediato, y una distorsión que se plasme en una pérdida del dinamismo que hasta ahora mostró el sector, que le ha reportado ingresos sin precedentes.
Entre los principales cuestionamientos que recibió la decisión gubernamental, el principal es el que se refiere a la limitación de los criterios que suelen ser tomados en cuenta a la hora de negociar los volúmenes y las condiciones de los créditos destinados al sector productivo. Se teme, por ejemplo, que con la nueva norma las entidades financieras tendrán más dificultades para hacer el seguimiento necesario a cómo son invertidos y administrados los recursos invertidos, lo que muy probablemente se traduzca en un estímulo a las actividades de alto riesgo.
Las condiciones más favorables para las empresas pequeñas y medianas, por su parte, si bien pueden tener un efecto inmediato muy positivo, pueden también poner en serias dificultades a las entidades financieras que durante los últimos tiempos desarrollaron un modelo de financiamiento muy exitoso pero, debido a las características propias del sector, de alto costo operativo. Se teme que las nuevas condiciones dificulten la sostenibilidad económica, lo que a la larga también causaría más daños que beneficios.
Como se ha podido ver durante los últimos días, la medida se presta a interpretaciones muy controversiales y sólo el tiempo podrá despejar las muchas dudas que han quedado pendientes. Mientras tanto, sólo cabe esperar que las partes directamente involucradas –Gobierno, bancos y clientes– tomen sus decisiones considerando no sólo sus más inmediatos intereses sino, sobre todo, la salud presente y futura del sistema financiero.