Plantas petroquímicas

Hugo Del Granado Cosio.- Un año después de contratar a la empresa “Técnicas Reunidas” para la construcción de la planta de separación de Gran Chaco, YPFB contrató en octubre de 2012 a la empresa italiana “Tecnimont” por un monto de 3,86 MM$us, para realizar los estudios de ingeniería conceptual de las plantas de etileno y polietileno. La convocatoria no mencionaba la realización de estudios para las plantas de propileno ni polipropilenos.
Sin embargo, en marzo de 2014, al recibir los estudios, el presidente de YPFB se refirió a los mismos como si fueran los estudios para el conjunto de las plantas de etileno y propileno y sus respectivos polímeros (en adelante denominado el Complejo).
En la misma oportunidad se dijo que para el segundo semestre de este año estaba programada la suscripción del contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) para el Complejo y que el inicio de sus operaciones estaba proyectado para el año 2018. Sin embargo, curiosamente, en mayo recién pasado, el presidente Morales, junto a Villegas y al ministro Sosa, mencionó que: “… próximamente se licitarían los estudios a ‘diseño final’ que tardarían un año en realizarse para después licitar los estudios de IPC” del Complejo.
Todo indica que las declaraciones contradictorias de ambas autoridades se deberían a resultados no esperados en los estudios de Tecnimont, mismos que estarían obligando a hacer algunos cambios no sólo en la programación de actividades. En marzo estaba todo listo para proceder con el IPC y ahora todo está postergado con el argumento de la necesidad de nuevos estudios de ingeniería.
Acrecentando la confusión, el Ministerio de Hidrocarburos (MHE), en una publicación de 2013, (Industrialización de los Hidrocarburos rumbo al Bicentenario), sostiene que Tecnimont habría sido contratada para hacer los estudios de industrialización del propano para las plantas de propileno y polipropileno y no menciona los proyectos de etileno y polietilenos. Entonces, si se pretendiera entender lógicamente los mencionados eventos, al parecer, la ejecución de las plantas se haría en dos diferentes momentos: primero la industrialización del propano hasta el año 2018 y después la del etano hasta el 2022.
Otro aspecto ambiguo de las plantas petroquímicas está referido a las capacidades de producción. Así el MHE en la publicación citada afirma que la planta de polietilenos producirá 600 mil Ton/año y la de polipropileno 400 mil Ton/año. Por su parte, YPFB, en la Revista Nº 7 (Ene-Feb. 2014), afirma que la planta de polipropileno será de 350 mil Ton/año y la de polietilenos de 750 mil Ton/año.
Respecto a las inversiones requeridas en las plantas petroquímicas, la única referencia es la estimación de YPFB para las plantas de etileno y polietilenos en las que se invertirían 1.760 MM$us para producir 600 mil Ton/año (Plan de Industrialización 2011 2016)
Resulta evidente que los proyectos petroquímicos se encuentran todavía en un estado muy germinal, o puede ser que los estudios de Tecnimont hubieran desconcertado a los ejecutivos del Gobierno. Como quiera que fuere, la confusión no podrá prolongarse más allá del próximo año porque la planta de Gran Chaco ya empezará a producir etano y propano. De no contarse con las plantas petroquímicas, el propano podría comercializarse como GLP no así el etano. Ante esta situación, la alternativa sería bypasear la torre desetanizadora de la planta separadora y exportar el gas con etano a Argentina, (como ahora) pero con la diferencia de tener instalada y ociosa una elevada inversión.
Todos estos problemas y otros aún no percibidos, podrían evitarse con la incorporación de socios experimentados en los proyectos ya que no se trata de una inversión social, sino de un negocio que debe buscar el máximo retorno, la optimización de la inversión, los menores costos de operación y el menor riesgo posible para el Estado. Si bien todo lo anterior es elemental a la hora de hacer un “business plan”, no lo es cuando se introducen factores políticos tan valorados por el Gobierno.
Finalmente, para asociarse no basta buscar socios, se deben crear condiciones óptimas para captar el interés de los inversores, garantizar transparencia, seguridad jurídica, un adecuado marco de solución de controversias, institucionalidad, respeto a los derechos de los inversores y un ambiente amable generador de confianza. Cabría preguntarse cuánto de esto ofrece hoy la administración estatal.