EDITORIAL

Cuatro meses de plazo

Como propuso y apoyó la mayoría del “establishment” chileno, el gobierno de Chile ha impugnado la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar la demanda de Bolivia pidiendo que se obligue al demandado a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico. Como sostienen los entendidos, se trata de un recurso legítimo y no de una “chicana” ni de un intento para retardar el proceso.
Procedimentalmente, Bolivia tiene cuatro meses para presentar los argumentos que justifiquen la competencia de este Tribunal. Pasado este plazo, se abre un tiempo de alegatos orales y entre un año y un año y medio la CIJ decidirá si es competente o no para tratar el asunto. Si decide que no lo es, el proceso termina. Si señala que sí lo es comienza el tratamiento de fondo del tema.
Siendo tan clara la situación, lo que corresponde es elaborar los argumentos que se presentarán en noviembre. Hay que advertir que no se trata de una tarea sencilla, sino muy compleja porque no sólo corresponden justificaciones jurídicas contundentes, sino que se debe desvirtuar la afirmación chilena de lo que quiere Bolivia es modificar el Tratado de Paz de 1904, extremo que, en efecto, La Haya no podría procesar.
En este tiempo, en consecuencia, no habrá que levantar olas, y una de ellas es la tendencia de muchos dirigentes, especialmente del oficialismo, de referirse oficiosamente al tema sin el debido conocimiento, lo que puede desbaratar la estrategia procesal o ayudar a la parte contraria a justificar sus aseveraciones.
En este sentido, mientras dure este proceso debemos insistir en que se cumpla el compromiso de no subordinar este tema a los intereses electorales, se moderen las expresiones públicas estableciendo un orden de vocería que debe ser fielmente respetado y toda acción internacional debe subordinarse, también, a este objetivo mayor.
Por el lado chileno, conviene destacar que la demanda boliviana ha sorprendido a sus operadores diplomáticos y políticos que, por primera vez, han mostrado, por un lado, dosis elevadas de improvisación e ignorancia del tema, así como disenso sobre lo que conviene que Chile haga al respecto. Ha llegado a tal punto esta incontrolable vocería que el agente chileno responsable del caso tuvo que realizar un duro llamado de atención a dirigentes políticos y muchos analistas para que moderen sus intervenciones públicas.
Asimismo, es interesante observar la preeminencia de la tradicional burocracia diplomática chilena que impide que aires frescos puedan ingresar en sus ambientes. Tiene tal poder que incluso sectores del progresismo chileno, que en el llano parecían muy dispuestos a llegar a soluciones de largo plazo con el país, han moderado radicalmente sus posiciones, adhiriendo a las de los sectores más reaccionarios del vecino país.
Sin embargo, todo indica que debe haber un radical cambio de percepción en ambos países, de modo que el proceso ante la CIJ sea el hito que permita ver con nuevos ojos el futuro que, por donde se analice, debe pasar por atender en forma equitativa la justa demanda del país.