EDITORIAL

El río Pilcomayo, otro crimen ambiental

La rotura reciente del dique de contención de las aguas residuales de la empresa minera Santiago Apóstol de Tacobamba, en el departamento de Potosí, que provocó el derrame de grandes cantidades de residuos tóxicos en el río Pilcomayo, ha vuelto a recordar que la falta de una política de Estado que tome en serio los problemas medioambientales de nuestro país es una de las mayores carencias del Gobierno actual, como de todos los anteriores.
En efecto, las más recientes noticias que dan cuenta de un caso de contaminación de las aguas del río Pilcomayo no revelan nada nuevo. No hacen más que recordar, tal como recurrentemente suelen hacerlo situaciones igualmente extremas que se producen cada cierto tiempo, que la minería boliviana está ocasionando uno de los desastres ambientales más grandes no sólo de nuestro país sino del continente. Y lo que es peor, lo hace ante la mirada indiferente, cuando no cómplice, de autoridades municipales, departamentales y nacionales que no sólo que dan ninguna muestra de preocupación al respecto sino que insisten, con muy pocas excepciones, en minimizar el problema y eludir sistemáticamente su obligación de hacer algo al respecto.
Como es fácil recordar, el colapso ambiental que durante los últimos días ha adquirido cierta relevancia en la agenda pública nacional no tiene nada de nuevo. Por el contrario, suman decenas los informes que desde hace más de diez años se hacen sobre el tema y todos coinciden en que la contaminación del río Pilcomayo requiere con urgencia la adopción de medidas cuya drasticidad sea proporcional al daño que se debe evitar.
Sin embargo, durante los últimos años no se ha hecho más que minimizar el problema y las distintas instancias estatales obligadas a resolverlo no hacen más que eludir la cuota de responsabilidad que les corresponde. Es el caso, por ejemplo, del actual Gobernador de Potosí, quien insiste en quitarle importancia al asunto atribuyendo las expresiones de alarma a exageraciones atribuibles a los medios de comunicación además de asumir oficiosamente el papel de defensor de la empresa causante del desastre.
Una reacción similar, aunque no tan franca y abierta, ha sido la de otras autoridades. Parecen no ser suficientes las decenas de informes, entre los que se destacan los de la Organización Mundial de la Salud, que demuestran más allá de toda duda que los niveles de metales pesados como plomo, cadmio, zinc, arsénico y otros hallados en las aguas del Pilcomayo, en las tierras de cultivo que se riegan con ellas y en los peces del río, superan hasta en 50 veces los niveles de toxicidad que puede tolerar el cuerpo humano sin sufrir envenenamiento.
Tal como ocurre con el caso del Cerro Rico de Potosí, otra víctima de los excesos en que están incurriendo las empresas mineras en su desenfrenada labor extractiva de minerales, y siendo tan abundantes los datos que dan cuenta de la magnitud del problema, ya no hay manera de justificar la inoperancia de las autoridades tanto del sector minero como del ambiental. (Reedición)