ADVERTENCIA. El magistrado suplente Iván Lima asumió el cargo en abril de este año en la Sala Penal liquidadora.

EN LA SALA PENAL LIQUIDADORA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Temen riesgo de extinción de causas en materia penal

Sucre/CORREO DEL SUR

En dos años y medio, la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió apenas el 50% de los más de 2.000 expedientes que quedaron pendientes hasta el 31 de diciembre de 2011, si no se resuelven hasta fin de año, hay riesgo de que varios de esos casos queden extinguidos por el tiempo transcurrido, advirtió ayer, el magistrado liquidador Iván Lima.
Lima señaló que el plazo dispuesto por ley para la resolución de los expedientes rezagados fenece el 31 de diciembre de este año, empero, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dispuso la ampliación de este plazo hasta 2015, lo cual permitirá concluir con las causas en las materias civil y social, pero los casos penales están en riesgo de quedar en la impunidad.
El magistrado, que asumió el cargo en abril de este año, dijo que de las más de 2.000 causas rezagadas, entre 2012 y junio de 2014, resolvieron 1.069, un 50%; el mandato de la Ley 212 era resolver estas causas hasta diciembre de este año. En materia penal, el procedimiento establece que tienen un plazo de tres años y si no se resuelve en ese plazo corresponde la extinción por duración razonable del proceso.
Reveló que tenían previsto resolver al menos 800 causas este año, pero, las vacaciones judiciales, la renuncia de un antecesor en la Sala Penal y otras dificultades internas impidieron cumplir con esa previsión.
"En los próximos seis meses tenemos que resolver unas 1.000 causas y si no hacemos sorteos eficientes y no trabajamos de forma planificada, vamos a asumir una responsabilidad seria frente al país, de permitir que se extingan causas por asesinato, homicidio, narcotráfico, violación y de crímenes que quedarán en la impunidad porque esta Sala no tuvo la capacidad de responder al país”, aseguró Lima.
En esa misma línea, el abogado penalista Arturo Yáñez sostuvo que el Estado, representado por el TSJ, no tuvo la capacidad de resolver los casos rezagados, hecho que no es imputable a los litigantes, sino al Tribunal que tenía esa obligación, lo que puede generar al Estado responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El hecho de que se extinga será una grave afrenta a la tutela judicial efectiva y oportuna que el Estado tiene que dar a las personas”, aseguró Yáñez.
En criterio del magistrado Lima, el Legislativo tendría que modificar el artículo 133 del procedimiento penal, que establece que un proceso sólo puede durar tres años, empero, el Tribunal Constitucional estableció límites para ampliar este plazo en delitos complejos o que el mismo imputado provoque la dilación.
En este caso, los expedientes rezagados están en la Sala Penal desde el 31 de diciembre de 2011. “No hay argumento para que no quede extinguido todo proceso en la materia penal, aunque se modifique la Ley tampoco se puede aplicar con retroactividad”, agregó Lima.
Ante esta situación, Lima dijo que desde la presidencia del TSJ se dispuso la priorización de al menos 128 causas de asesinato y homicidio y añadió que él sugirió priorizar también los delitos de corrupción y posteriormente los 660 casos de narcotráfico.
Asimismo, Lima reveló que la Sala Plena del TSJ amplió el periodo de los magistrados liquidadores hasta el 31 de diciembre de 2015, en materia penal el plazo perentorio de resolución de causas es este año, eso no ocurre en materia civil y social en el que los procesos duran décadas.
La Sala Civil liquidadora tenía 2.077 causas remanentes, en 2013 resolvió 683 y le quedaban 1.394; la Sala Social y Administrativa recibió 1.210 pendientes y a 2013 resolvió 598 quedando en trámite 1.292.

En otros tribunales

En el Tribunal Agroambiental tras el cumplimiento del periodo de los liquidadores que era de un año, los casos rezagados pasaron a competencia de los titulares; en el Tribunal Constitucional los liquidadores resolvieron todo en los dos años de plazo.