RECLAMO. El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, durante una audiencia.

RECHAZA POSICIÓN DE MAGISTRADO NEOYORQUINO

Argentina acusa a un juez de frenar pago de su deuda

Buenos Aires/EFE

El Gobierno de Argentina acusó ayer al juez neoyorquino Thomas Griesa, quien falló a favor de fondos de inversión en un juicio con el país, de mantener una "insólita prohibición de cobro" que afecta a acreedores de la deuda reestructurada argentina.
El Ministerio de Economía dijo en un comunicado que el juez había convocado para ayer, martes en Nueva York, a una audiencia para resolver un conjunto de mociones presentadas hace 15 días por Euroclear y Clearstream, el Citibank, el Bank of New York, JP Morgan, tenedores europeos de deuda argentina y los propios fondos querellantes.
También Argentina había pedido al magistrado una medida cautelar para que el país hiciera efectivo el pago de un compromiso de deuda con los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 que debía concretarse el pasado 30 de junio pero que Griesa frenó por un pedido de embargo solicitado por los fondos querellantes.
La medida cautelar fue denegada por lo que los fondos girados por Argentina para el pago a los tenedores de bonos continúan inmovilizados en bancos de Estados Unidos.
"El juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro", dijo el Ministerio de Economía argentino.
En la audiencia de ayer, los abogados que representan al Gobierno de Cristina Fernández reiteraron "su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes", según el comunicado.
Argentina insistió en que pagar a los fondos querellantes, que reclaman bonos en mora desde 2001 por 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, con mejores condiciones (en efectivo y sin quitas) que las aceptadas por quienes adhirieron al canje violaría la ley argentina y una cláusula legal, denominada RUFO, aprobada en los canjes y que caducará a finales de este año.
"Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles", advirtió el Ministerio de Economía.

Negociación

Thomas Griesa rechazó desbloquear los pagos a los tenedores de deuda de antes del 30 de julio e instó al Gobierno de Argentina y a los fondos de inversión a seguir negociando.