EDITORIAL

Un atentado contra la salud pública

Hace un par de semanas, un extenso reportaje en la prensa nacional ha llamado la atención sobre el inminente riesgo de que Bolivia pierda más de 40 millones de dólares que anualmente recibe del Fondo Mundial para la compra de medicamentos, atención de pacientes, pago de salarios médicos y otros gastos relacionados con la lucha contra la tuberculosis, la malaria y el VIH/sida.
La pérdida de esos recursos tendría efectos fatales para las personas que gracias a ellos se benefician con los servicios médicos necesarios para afrontar sus enfermedades. Es que alrededor del 80 por ciento del presupuesto destinado a la atención de esas tres enfermedades proviene de la cooperación internacional y sólo el 20 por ciento corresponde a aportes del Estado. A pesar de lo cuantiosa que es la cooperación, Bolivia sigue figurando entre los países más afectados por esas tres enfermedades, por lo que no es difícil prever que el panorama empeoraría mucho si tal pérdida llegara a consumarse.
La causa principal de tan enorme daño a la salud pública nacional es la negligencia y, lo que es peor, una incomprensible actitud de las autoridades gubernamentales que en su afán de centralizar bajo la autoridad ministerial la administración de esos recursos han decidido destruir el Mecanismo de Coordinación País (MCP), instancia cuyo buen funcionamiento es condición imprescindible para recibir la ayuda financiera del Fondo Mundial.
La razón porque el Fondo Mundial da tanta importancia al MCP es que la experiencia acumulada durante décadas en los más diversos países enseña que la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil y principalmente de las personas y familias directamente afectadas por esas enfermedades en la toma de decisiones y en la ejecución de las campañas es la mejor manera de garantizar el buen uso de los recursos económicos, humanos y materiales.
De nada han valido las exhortaciones hechas por el Fondo Mundial para restablecer la función del MCP. Peor aún, no sólo que el Ministerio de Salud no ha hecho ningún esfuerzo para cumplir los criterios mínimos de coordinación, transparencia y consenso entre la sociedad civil, el Gobierno y las personas enfermas, sino que ha decidido asumir una actitud francamente desafiante al desconocer los reglamentos, estatutos orgánicos y las normas básicas que rigen el funcionamiento del MCP.
Al actuar de ese modo, lo que hace el Ministerio de Salud es privar a las personas afectadas por la tuberculosis, malaria y VIH sida y a sus respectivas familias de más de 40 millones de dólares con los que anualmente cuentan para afrontar los costosos tratamientos necesarios no sólo para aliviar su situación, sino también, lo que no es menos importante, dificulta la lucha para detener la propagación de las tres enfermedades.
Hasta ahora, las autoridades gubernamentales han rehuido la obligación que tienen de dar una explicación sobre su incomprensible manera de actuar. Y aunque minimizan la gravedad del daño que están causando no sólo a las personas directamente afectadas sino a todo el país, tampoco ofrecen una alternativa para compensar la eventual pérdida. Una inadmisible actitud que, si no es revertida inmediatamente, tendrá fatales consecuencias para varios miles de personas.