EDITORIAL

El Ministerio Público

Una entidad fundamental para garantizar una pacífica convivencia ciudadana es el Ministerio Público que tiene la misión constitucional de defender “la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública”. Para ello, “tiene autonomía funcional, administrativa y financiera” y “ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía”.
La autoridad jerárquica superior es el Fiscal General del Estado, que es designado “por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Además, la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que esta designación requiera de “convocatoria pública previa, y calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso público”.
Estas disposiciones muestran la importancia de esta entidad del Estado tan venida a menos en el imaginario de la ciudadanía por varios factores como su dependencia del Órgano Ejecutivo y las presiones de grupos de la sociedad que a través del dinero y las influencias impiden que el Ministerio Público pueda ejercer con idoneidad las funciones que le encomienda la CPE.
Esta situación no es nueva, aunque sí se ha agudizado en los últimos años. El Ministerio Público ha sido un permanente apéndice del Órgano Ejecutivo, y la crisis que esto provocó llegó a tales extremos que recién con la recuperación democrática en 1982 pudo evaluarse con mayor trasparencia su funcionamiento y se logró dar un paso importante, pero insuficiente, en el camino de eliminar su dependencia: se decidió que el Fiscal General ya no sea elegido por el Ministerio de Gobierno (o del Interior) sino mediante proceso parlamentario.
Con el arribo al poder del gobierno del MAS y su aplastante mayoría, si bien se ha logrado mantener en la CPE su independencia del gobierno, en los hechos éste ha incrementado su injerencia hasta llegar a niveles escandalosos. Basta analizar, como lo hemos señalado anteriormente, la forma en que los fiscales han actuado en casos como El Porvenir en Pando, en los de terrorismo y separatismo, y otros que los han convertido en una especie de oficina de control político. Si a eso se suma la develada existencia de grupos de extorsión conformado por fiscales, jueces y funcionarios de los Ministerios de Gobierno, Presidencia y Transparencia, y conexiones con el Legislativo, se cierra un círculo de corrupción que debe ser eliminado.
En este sentido, la Declaración de Tiquipaya permite albergar un poco de esperanza, al traslucir la decisión de cumplir con su misión constitucional.
El desafío es muy grande y no podrá ser enfrentado sólo con buena voluntad. Es preciso que la sociedad se organice para exigir que el Estado garantice la existencia de un Ministerio Público que la defienda y no la acose, y que las autoridades, principalmente del Órgano Ejecutivo, respeten el funcionamiento independiente del Ministerio Público.