COLUMNA VERTEBRAL

. Un Referendo para la historia

Carlos D. Mesa Gisbert.- El 18 de julio de 2004 –hace exactamente una década– llevamos a cabo, después de una lucha contra viento y marea, el “Referéndum del Gas”, el primero Constitucional y con voto universal de nuestra historia.
El Referendo cumplió uno de nuestros compromisos cruciales, revisar la política de capitalización de los hidrocarburos y establecer las bases para una nueva política sobre el tema. La consulta popular, que gozó desde el primer día del apoyo de la población, enfrentó la cerrada oposición del Congreso, de las élites, de las empresas petroleras y de los partidos políticos. Fue tal la presión contraria que tuvimos que aprobar un decreto de convocatoria en abril del 2004 e iniciar una campaña nacional de explicación de su contenido que forzó al Congreso –a regañadientes– a convertir el decreto en Ley. Esos sectores adversos hicieron una campaña contra las preguntas y el propio líder de la oposición, Evo Morales, después de un par de reuniones en las que discutimos los objetivos y alcances del Referendo, decidió apoyar tres de las cinco preguntas y oponerse a dos de ellas (la 3º y la 4º), irónicamente las dos que más le conciernen hoy.
Las preguntas pueden resumirse así: 1. Abrogación de la Ley de Hidrocarburos vigente. 2. Recuperación para el Estado de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. 3. Refundación de YPFB y recuperación de las acciones de los bolivianos producto de la capitalización. 4. Uso del gas como recurso estratégico para la salida soberana al mar. 5. Garantizar el consumo interno, industrialización e incremento de impuestos hasta por lo menos a un 50% del valor de la producción.
El Referendo fue un éxito. Los porcentajes del SÍ a las preguntas fueron: 1.- 87%. 2.- 92%. 3.- 87%. 4.- 55%. 5.- 62%. Fue el pueblo boliviano el que decidió y definió la nueva política de hidrocarburos que continúa hasta hoy.
A pesar de que el Referendo era vinculante y de ejecución inmediata, el Congreso no aprobó el proyecto de ley que presentamos inmediatamente a su consideración. Peor que eso, lo rechazó y redactó el suyo propio. Fue un error muy grande de nuestra parte no imponer nuestra Ley y forzar a su aprobación basados en el mandato popular. Pero su fuerza era incontrastable. Dos hechos fueron producto del Referendo, y ni se explican ni se justifican sin su realización: La Ley de Hidrocarburos promulgada en mayo de 2005 y el decreto de “Nacionalización” de mayo de 2006. La prueba de ello es que el Capítulo II de la Ley se titula “Ejecución y cumplimiento del Referendo”, a su vez, el segundo párrafo de los considerandos del Decreto menciona al Referendo como columna vertebral de su imposición. En consecuencia, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el sustancial incremento del porcentaje de impuestos, se basan en el mandato del Referendo.
Hoy, como suele suceder, aparecen muchos padres de la criatura sin considerar que su único padre es el pueblo boliviano. Nuestro único mérito fue hacer la Reforma Constitucional que incorporó el Referendo como institución vinculante de consulta popular y llevarlo a cabo exitosamente. Eso fue posible porque nos apoyamos en el respaldo popular y en la certeza de que cumplíamos su mandato.
Si esto es así ¿Por qué no promulgué la Ley de Hidrocarburos y no nacionalicé los hidrocarburos? No promulgué la Ley porque su texto estaba concebido para desestabilizarme, era incongruente y tenía errores técnicos que han generado graves consecuencias al país. Si la promulgaba, la extrema derecha me hubiese estrangulado. Si no lo hacía serían los “movimientos sociales”, como de hecho ocurrió, los que me ahorcarían. Pero más allá del hecho político, el absurdo mecanismo de un impuesto ciego para gas y líquidos, para campos grandes y pequeños, desincentivó la inversión indispensable para sustituir los campos declinantes y para superar el desequilibrio entre producción y consumo de líquidos, que ha llevado a Bolivia a una subvención de esos combustibles que desangran al TGN. Adicionalmente, la parcelación caprichosa del IDH y su distribución injusta han convertido ese ingreso en un nuevo feudo intocable de determinadas regiones y no ha compensado los graves desequilibrios entre regiones productoras y regiones no productoras, que debió ser uno de los objetivos prioritarios de ese impuesto.
En cuanto a la nacionalización. Si hubiese podido adivinar lo que quería decir esa palabra para el Presidente Morales, hubiese “nacionalizado” el gas sin dudarlo. Una “nacionalización” cuyo resultado es que las empresas transnacionales siguen operando en el país, con los mismos contratos originales modificados y con el reconocimiento de los más de 3.000 millones que dicen haber invertido antes de 2006, poco tiene que ver con el concepto intrínseco de la palabra nacionalización.
Por eso, es imprescindible colocar las cosas en su lugar. Fue el Referendo de 2004 el que propició la nueva política de hidrocarburos de Bolivia y los ingresos espectaculares de los que goza hoy el país.