ASAMBLEA. Los diputados tomaron su decisión tras nueve horas de debate.

DIPUTADOS APROBÓ LA ACUSACIÓN CONTRA CHANEZ Y VELÁSQUEZ

Suspenden a magistradas y corre juicio en su contra

CORREO DEL SUR y Agencias

La mayoría del oficialista MAS en la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de hoy, martes, la proposición acusatoria para enjuiciar a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y Soraide Chanez, lo que implica su suspensión del cargo y, según la denuncia de las tribunas y la oposición, la desestabilización de la institución y un afán político del Gobierno de tomar el control.
La decisión se tomó tras nueve horas de debate y, por primera vez, alcanza a autoridades electas por voto popular en el periodo del Estado Plurinacional, con el argumento de que una resolución suya puso en suspenso la aplicación de la Ley Notariado.
En medio de denuncias, el tratamiento del proyecto de la Comisión de Justicia Plural empezó en ausencia de las magistradas que presentaron recursos que fueron leídos en la sesión, pero no recibieron la atención que esperaban. Desde media tarde, se escucharon los alegatos de las notarias Sdenka Udaeta y Norka Soto que presentaron la denuncia y de los oradores del oficialismo y la oposición, para luego proceder a la votación.
La denuncia fue formalizada el 4 de junio en contra de las magistradas y el magistrado Gualberto Cusi, por emitir el Auto Constitucional 0106/2014-CA el 13 de marzo pasado, que admitió una demanda contra la Ley del Notariado Plurinacional y puso en suspenso su aplicación. Las denunciantes advirtieron la supuesta comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley y la Constitución.
Cusi no fue incluido en este tratamiento en atención a su delicado estado de salud, pero en su cuenta de Facebook, lamentó las acciones del Legislativo contra las autoridades judiciales que, aseguró, cumplieron su trabajo en el marco de la Constitución.


DESESTABILIZACIÓN. Antes de la decisión, la magistrada Chanez denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) gestaba un “golpe de Estado” para reponer a Rudy Flores en la Presidencia del TCP, retomar el control de ese órgano y habilitar la reelección indefinida para el presidente Evo Morales.
“Está previsto ya el retorno de Rudy Flores o en el peor de los casos de la magistrada Nelly Andrade, que para el caso es lo mismo (…) Rudy Flores tiene apoyo estatal y su vínculo con el Ejecutivo es el doctor Héctor Arce (…) El Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura y el Agroambiental saben que siempre está detrás del tema jurisdiccional y siempre está metido en reuniones y en eventos, cuando tenemos una Ministra de Justicia”, indicó.
En respuesta, Flores dijo respetar la Presidencia del Tribunal Constitucional en manos del magistrado Efren Choque, y rechazó las declaraciones.
“En este momento tenemos un Presidente y no se ha tratado ni se ha sugerido por ningún magistrado un cambio en la presidencia del Tribunal Constitucional (…) consecuentemente, cualquier declaración que no respete el orden del Tribunal Constitucional está fuera de lugar”, apuntó.
Flores sostuvo que por el bienestar de la institución, no es pertinente hablar de un cambio en el TCP, ya que “el Presidente cuenta con el apoyo de los magistrados del Tribunal Constitucional y en ese marco tenemos que desenvolvernos”.


ANUNCIAN JUICIO. Antes de la sesión, los jefes de bancada en el Parlamento de Convergencia Nacional (CN), Unidad Nacional (UN), Movimiento Sin Miedo (MSM) y la librepensante Rebeca Delgado brindaron una conferencia de prensa conjunta, donde se declararon en alerta por la posible desestabilización al TCP, y Delgado anunció un proceso a la Comisión de Justicia Plural por "acoso político".
Sostuvo que no existe materia justiciable contra los magistrados porque lo único que hicieron es aplicar una medida provisoria y no fallar sobre el fondo. Sus colegas añadieron que el proyecto de proposición acusatoria no salió de la comisión y que ésta no actuó con tanta celeridad en denuncias contra otras autoridades judiciales.