HABLANDO DE HIDROCARBUROS
Incentivos para exploración
Incentivos para exploración
Hugo Del Granado Cosio.- Bolivia tiene una gran necesidad de dinamizar la actividad exploratoria en el área de hidrocarburos; es por eso que en mayo de 2013, surgió la idea de otorgar incentivos para “garantizar” la inversión en exploración. En principio, según lo mencionó el vicepresidente García Linera, los incentivos estaban relacionados a un menor tiempo de recuperación de las inversiones y se estaban “afinando las partes técnicas”. (La Razón 03. 05. 13)
En mayo de 2013, YPFB organizó un Congreso Petrolero y en el acto de clausura el Presidente de la estatal mencionó que se iba a reducir el tiempo para las licencias ambientales y las consultas, pero que los incentivos se aplicarían sólo a los contratos futuros. Mencionó además que con los contratos por firmarse y los convenios de estudio, las reservas de gas subirían de 9,9 TCF’s a 18,6 TCF’s y las de líquidos se incrementarían de 209,8 MMBls a 459 MMBs en el curso del año 2014. (Página Siete 26.05.13). Si estas políticas auguraban la duplicación de todas las reservas en un tiempo tan breve, no es comprensible el otorgamiento de incentivos.
En el mismo evento, el Ministro de Hidrocarburos expresó que los incentivos referidos por García Linera y Villegas “… estarían listos en un par de semanas” y que serían incorporados en la nueva Ley de Hidrocarburos que el Gobierno tenía “actualmente en revisión” (La Razón 26.05.13). Un mes después, saliendo de una reunión en Palacio de Gobierno, el Presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos planteó “…una propuesta concreta de cómo intensificar la exploración en Bolivia”, ofreciendo una inversión de 8.500 millones de dólares en un período de cinco a siete años (Los Tiempos 21.06.13) e incluso tres gobernadores del oficialismo, lamentándose de no tener la capacidad para promover esas políticas, pidieron a YPFB que genere mejores condiciones para que las petroleras inviertan en exploración. (Los Tiempos 19.07.13)
Por otra parte, en septiembre de 2013, YPFB planteó a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) diferir entre tres y cinco años el pago del IDH y de las regalías de los campos que fueren descubiertos a futuro, lo que significa transferir este costo (de las petroleras) a los municipios. La FAM, “diligentemente”, aprobó mediante resolución la propuesta de YPFB; sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido ninguna norma para la aplicación de este “incentivo”.
Desconcertante, en mayo de 2014, en el nuevo Congreso Petrolero organizado también por YPFB, el vicepresidente García dijo, según Los Tiempos que: “…la nueva Ley de Hidrocarburos no será trabajada este año, pero es probable que lo hagan en 2015 (Los Tiempos 15 05 2014). En la misma oportunidad, el Presidente de YPFB declaró que la norma sobre incentivos “… es algo que puede demorar uno, dos o tres años porque esa ley tiene que compatibilizar intereses del Estado con los de las empresas privadas y es a largo plazo…” (Idem). Estas contradicciones entre las autoridades del sector y del Gobierno revelan el desorden y confusión en cuanto a las políticas de incentivos.
Lo realmente evidente es el statu quo de las reservas, (como lo demuestra el informe de la certificadora GLJ), la continua y ascendente explotación de los campos, la necesidad de nuevos mercados y el crecimiento de la demanda interna, que han generado la urgente necesidad de elaborar nuevas políticas que destraben la burocracia y flexibilicen la intervención estatal en un sector estratégico que, según demuestra la experiencia mundial en el rubro, no puede ser desarrollado sólo por el Gobierno. Venezuela y su errática política petrolera y las recientes reformas introducidas en México deberían servir para abrir las mentalidades y actuar con mayor profesionalismo.
Finalmente, para que haya exploración intensiva, se descubran nuevas reservas, para que los incentivos sean atractivos a la inversión y dado el tiempo transcurrido, es posible sostener que los incentivos simples ya no serían suficientes, los inversores buscarían que éstos sean combinados. Se debería flexibilizar el régimen fiscal junto a la apertura de las formas de contratación, el tax holiday podría no ser suficiente sin el uplift de los pozos exploratorios o la depreciación acelerada tendría que estar acompañada de un IDH progresivo v.g. Para ello, el Gobierno debería saber que no será suficiente una norma menor, ni siquiera una ley sobre incentivos, que sería siempre coyuntural, sino una buena Ley de Hidrocarburos que dé seguridad jurídica a las operaciones de las petroleras por un largo tiempo.
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