CONFERENCIA. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, ayer, después de un acto público en Cochabamba.

EL GOBIERNO REFUTA DENUNCIA DE TRÁMITE DE JUICIO POLÍTICO A MAGISTRADAS DEL TCP

Vicepresidente justifica juicio y ministra plantea referéndum

Agencias

En medio de la polémica desatada por la inhabilitación de funciones a las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chanez, por decisión de la Cámara de Diputados, el Gobierno planteó ayer un referéndum revocatorio de mandato de autoridades judiciales suspendidas por contravenciones y negó las acusaciones de un presunto juicio político. Por su parte, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, consideró una obligación el inicio del juicio de responsabilidades contra las dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante la "arbitrariedad", que cometieron, al paralizar la aplicación de la Ley del Notariado.
Desde Cochabamba, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, ratificó que debe proceder el juicio a las magistradas y justificó la decisión de la Cámara Baja. "Esto ha tenido que suceder, ellos han cometido una arbitrariedad aberrante, injustificada desde cualquier ámbito de la justicia. El TCP no ha emitido una sentencia sobre la Ley, pero paralizó la Ley y eso es una locura, eso es poner la legalidad de cabeza. Por lo tanto, a los responsables de esa ilegalidad que hace daño al Estado y a los ciudadanos bolivianos, hay que obligatoriamente enjuiciarlos, porque eso manda la Constitución", dijo García.
"Dependerá del Senado si procede su destitución o aplicar algún tipo de sanción administrativa o penal", acotó el Mandatario.


REFERÉNDUM REVOCATORIO. Más tarde, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, también se refirió al tema y formuló la propuesta de activar un referéndum revocatorio.
"Estamos viendo ir a un revocatorio, ellos fueron elegidos por el pueblo y será el pueblo quien defina si realmente esas personas tengan que ser revocadas. Aquí no será una situación unilateral, el Gobierno no actuará a dedazo ni arbitrariamente, será el pueblo quien decida si estas autoridades judiciales se tienen que ir o se quedan", apuntó la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, en rueda de prensa.
Gutiérrez reseñó que el Gobierno no influyó en la decisión de la Cámara de Diputados que suspendió de sus funciones, ayer por la madrugada, a las magistradas Velásquez y Chanez, electas por voto popular.
Rechazó que las dos magistradas digan que se trata de un juicio político, dicho en el que también ayer coincidieron actores de la oposición.
Gutiérrez aseguró que con el actuar de las dos magistradas, el TCP “vulneró” los derechos de bolivianos y funcionarios de las notarías al suspender la aplicación de la Ley del Notariado, luego que aceptó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el diputado opositor Juan Luis Gantier (PPB-CN).

Aprueban juicio

La madrugada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, el inicio de un juicio de responsabilidades por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la CPE y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes.

Oposición ve un juicio político ligado a la época electoral y el oficialismo lo niega

Ayer, mientras el oficialismo señaló que el juicio contra dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no es político, la oposición salió a rechazar dicha acción.
"El responsable de todo este desbarajuste que hay en la justicia es Evo Morales, no hizo caso a toda la población boliviana que votó en contra de esa elección y le pidió que no posesione a los magistrados. Ahora quieren distraernos y quieren ajustar las cosas en la justicia cuando ellos son los responsables de todo este problema", dijo ayer el candidato de UD, Samuel Doria Medina.
A su juicio, el problema en el Órgano Judicial no se resolverá sacando "algún chivo expiatorio", más bien "están queriendo mostrar que ahora se preocupan de la justicia, cuando en realidad son ellos quienes han sumido a ese órgano del Estado en esta crisis".
En ese sentido, Doria Medina insistió en que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar una Ley Transitoria para designar a nuevas autoridades de forma interina para cambiar a todos los magistrados.
Por su parte, la candidata a senadora por UD, Jimena Acosta, consideró que la medida es un golpe de Estado contra el TCP
El diputado Alex Orozco (PPB-CN) calificó el juicio de responsabilidades como una "aberración". "Es la segunda aberración más grande desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la justicia, la primera fue elegir autoridades judiciales del tribunal con consigna política, militancia política del Movimiento Al Socialismo", señaló.
El oficialismo, en cambio, justificó la medida. El diputado Galo Bonifaz (MAS) aseguró que el juicio contra las magistradas suspendidas no es político. "La comisión ha hecho un tema de investigación, ha citado a los magistrados y ha visto elementos fundamentales como el incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE, y en ese marco en este tema no hay ningún fondo político", aseveró.
A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, aseguró que el juicio corresponde porque las magistradas generaron un vacío jurídico al emitir un auto constitucional que suspendió la Ley del Notariado.
"Se dieron el lujo de poder suspender toda la Ley del Notariado, sabiendo que la anterior ley prácticamente ha sido abrogada por la nueva ley; lo que ocurre con eso es que se genera un vacío jurídico en la sociedad y se perjudica al Estado y la sociedad boliviana en su conjunto", explicó y también negó una supuesta persecución política.