EDITORIAL

La coca en la agenda electoral

Una vez más, tal como ocurre cada cierto tiempo, esta vez con todos los condimentos adicionales que suele darle a cualquier tema el ambiente electoral que ya se respira en nuestro país, la posibilidad de ampliar la extensión de los cultivos de coca aceptados en las diferentes zonas productoras de ese arbusto ha vuelto a ocupar un lugar principal en la agenda pública nacional.
Durante los días pasados, lo que más relevancia ha dado al tema han sido los mensajes dados por Evo Morales quien, en su doble condición de Presidente del Estado y de las seis federaciones de productores de coca del Trópico cochabambino, ha propuesto elevar a rango de ley todas las disposiciones que durante los últimos años fueron flexibilizando los límites permitidos para este cultivo.
El asunto se presta a más de una interpretación, pues en él convergen factores de carácter legal, político y social cuya complejidad obliga a eludir cualquier simplismo.
Desde el punto de vista legal, lo único que está claro más allá de toda duda es que en nuestro país sigue desde 1988 plenamente vigente la Ley 1008, la que sólo admite la existencia de 12.000 hectáreas en las zonas de cultivo tradicional (Los Yungas, y muy especialmente los Yungas de Vandiola), y prohíbe explícitamente todo cultivo en el Chapare y otras zonas, como los parques nacionales.
Tan cierto como lo anterior es que la Ley 1008 no ha sido respetada –por lo menos en lo que a este punto se refiere—ni un solo día durante sus 26 años de vigencia. Es decir, es el más emblemático ejemplo de los extremos a los que puede llegar en nuestro país la falta de correspondencia entre lo que manda la letra muerta de las leyes y lo que dicta e impone la realidad.
Tan flagrante disociación entre el mundo de las leyes y la práctica, muy común en nuestro país pero raras veces tan explícita como el caso de la coca, se ha hecho posible por un pacto tácito entre los cocaleros y el Estado. En la medida en que ese pacto se cumpla, no hay ninguna necesidad de modificar la Ley 1008, y ninguna de las otras relacionadas con el tema. Así se explica que más de ocho años después de iniciada la actual gestión gubernamental, nunca haya habido ni el más mínimo intento de reconciliar la legislación con la realidad.
Desde el punto de vista práctico, es evidente que esa actitud resulta muy cómoda para los gobernantes, los productores de coca e, indirectamente, para toda la sociedad. Y también, por supuesto, sobre todo en épocas electorales como la actual, para los candidatos de la oposición que fácilmente pueden eludir tan espinoso asunto con fáciles e insustanciales frases hechas que sólo sirven para seguir postergando indefinidamente la urgente necesidad de proponer una política del Estado para afrontar tan importante asunto.
Ahora, cuando las presiones de las organizaciones de productores de coca promueven una nueva ola de ofertas sobre la ampliación de las extensiones de cocales cuya ilegalidad será tolerada, es imprescindible que el tema salga de las esferas sindicales y sea asumido por toda la sociedad. Para ello, la principal responsabilidad es de los candidatos –incluidos los aspirantes a ocupar un curul en la Asamblea Legislativa– que deben hacer una propuesta muy clara al país.