AFECTADO. El TCP se encuentra con menos tres magistrados titulares; sectores mantienen la presión por la aprobación de estatutos y cartas.

CONMINÓ AL TRIBUNAL A ENMENDAR LA RESOLUCIÓN QUE PARALIZÓ LA LEY DEL NOTARIADO

Vice pide sanción drástica para magistradas del TCP

Agencias y CORREO DEL SUR

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, exigió ayer al Senado castigar a las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraide Chanez y Ligia Velásquez, quienes serán juzgadas en esta instancia por dejar en suspenso algunos artículos de la Ley del Notariado.
“Hay que castigar en base a la Ley, a los argumentos, en base a la racionalidad de la manera que corresponda. (…) Hay que sentar un precedente. Hay que enjuiciar, juzgar y sentenciar”, señaló García Linera en conferencia de prensa.
“El Senado es el juez pero espero que establezcan una sentencia fuerte (…) Es una agresión demasiado grande frente a la cual no podemos quedarnos callados. Y las quejas (de las magistradas) ante los medios no pueden eludir esta brutalidad. Es un ataque brutal al Estado”, agregó.
Asimismo, pidió al TCP corregir o enmendar la resolución que suspende la aplicación de la Ley del Notariado. “Estamos convocando de manera pública al Presidente y a los miembros del TCP a que corrijan o enmienden ese error, que es delito. Igual va a ir el juicio porque ha habido delito pero que corrijan este error para que se pueda aplicar inmediatamente”, declaró.
García Linera anunció que el magistrado Gualberto Cusi será procesado una vez salga del hospital donde está internado y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una enfermedad crónica. “El señor Cusi es de los firmantes de este documento y una vez que cumpla todos sus trámites de tratamiento médico y salga a la calle lo tenemos que notificar y que no venga con ataques de 'que me persiguen políticamente'”, advirtió.
Por su parte, el procurador General del Estado, Héctor Arce, negó que ejerza una acción política contra las magistradas suspendidas, como lo denunciaron ellas mismas.
Afirmó que en cualquier sistema de estado de derecho, las normas jurídicas se las presume constitucionales y están en vigencia entretanto un Tribunal Constitucional no las declare inconstitucionales mediante una sentencia específica, razonada, fundamentada, y no con una admisión, como lo hicieron tres magistrados con la Ley del Notariado.


TODO ESTÁ DICHO
Mientras eso decía el Vicepresidente, la magistrada Chanez señaló que está consciente de que “todo está cocinado” en el Senado, y la última vía de justicia a la que podrían acudir es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque en Bolivia, tenían previsto plantear una acción de amparo, pero ningún juez y vocal se animará a fallar a su favor por temor a ser enjuiciado.
“Nuestra destitución en el Senado es un hecho y el próximo paso es ejecutar la revocatoria y eso está en la agenda de la Asamblea Legislativa, los mismos del Gobierno se dieron un plazo hasta fin de año, así está calculado”, señaló la magistrada.
Dijo que el enjuiciamiento es una “intimidación y amenaza” contra los que cumplen la Ley y la Constitución. “Así nadie se va a animar a fallar en contra de los asuntos del Gobierno”, agregó.
La magistrada dijo que está consciente de que el Gobierno prepara en su contra una sanción dura, inclusive de cárcel. “Ya está definido que nos envíen a un penal, no sabemos si ahí también vamos a estar restringidos de nuestros derechos”, argumentó.
Desde La Paz el magistrado del TCP Gualberto Cusi denunció que el Gobierno tiene planes maquiavélicos con el país y uno de ellos es eternizarse en el poder.
En el TCP, se conoció ayer que los dos magistrados suplentes, Juan Oswaldo Valencia y Zenón Bacarreza, recién serían habilitados a partir del lunes, aunque Bacarreza ya está en funciones desde esta semana.

Denunciantes

En junio, la notarias Norka Soto y Stenka Udaeta España activaron un proceso de juicio de responsabilidades contra Gualberto Cusi, Soraide Chanez y Ligia Velásquez, por emitir una sentencia que puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado Plurinacional.

Apuntes

El ex presidente Jorge Quiroga sugirió a las tribunas acudir a la vía internacional.
El Consejo del Sistema Judicial prefiere no emitir criterio respecto al conflicto.
El TCP convocará para el lunes a los suplentes de las magistradas suspendidas.

Consejo de autoridades guarda silencio

El Consejo Estratégico del Sistema Judicial Boliviano, conformado por las cabezas del Órgano Judicial, el Ministerio Público y el TCP, en su última reunión, decidió no hacer ningún pronunciamiento respecto al procesamiento y suspensión de las magistradas porque el Fiscal General y el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia podrían conocer el caso si es que el Senado, tras la destitución de las magistradas, remite la causa a la justicia ordinaria para la calificación de la pena.
“Cuando el caso llegue a la vía ordinaria, hay recursos, los mismos pueden llegar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entonces no podemos emitir ninguna consideración sobre la situación de las magistradas imputadas porque sería anticipar criterios y excluirnos del proceso. El Fiscal General tampoco porque tiene que hacer de acusador. De ahí este Consejo no puede pronunciarse”, aseguró el presidente del TSJ, Jorge Isaac von Borries.