EDITORIAL

Justicia vs. intereses sectarios

En la agitada vida política del país aparecen hechos insólitos. Uno es el proceso incoado en contra de dos magistradas (y que se extenderá a un tercero) del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por haber paralizado la aplicación de la Ley del Notariado impulsado por el Procurador del Estado. Además, no sólo se trata de procesarlas sino de insultarlas sin consideración alguna para tratar de justificar una decisión denunciada como ilegal y que pone en cuestión el estado de derecho en el país.
Para aumentar el desconcierto, la mayoría de los opositores ha salido en defensa de esas magistradas, argumentando que detrás de esa imputación estaría el objetivo de viabilizar la reelección indefinida del presidente Evo Morales.
Haciendo historia se observa que hasta hace muy poco tiempo las principales autoridades del Estado se vanagloriaban de la elección popular de las autoridades del Órgano Judicial y el TCP, pese a las advertencias sobre sus defectos hechas desde la sociedad, y que el correr del tiempo las ha ido comprobando. Entonces, a quienes criticaban (entre quienes se alinea Los Tiempos) esa forma de elección, las mismas autoridades que hoy quieren defenestrar a tres magistrados del TCP las acusaban de discriminadores y racistas.
Desde otra arista, llama la atención que varios proyectos impulsados por el Procurador del Estado contengan serias violaciones a la Constitución Política el Estado y que pese a ello el Gobierno insista en su aprobación pese a quien pese. Incluso, la impugnación a uno de esos proyectos por parte de la entonces Presidenta de la Cámara de Diputados y militante del MAS provocó, por un lado, que felizmente no fuera aprobado, y por el otro, que el MAS acosara sin clemencia alguna a dicha diputada hasta obligarla a abandonar ese partido.
En resumen, nuevamente el país se enfrenta ante el peligro de que se imponga la arbitrariedad y el autoritarismo. El peligro es mayor si se considera que quienes al parecer están detrás de esta corriente no dudan incluso de violar flagrantemente la Constitución de la que el MAS ha sido el principal impulsor, y lo hagan echando por la borda una reforma que ese partido impuso contra todas las prevenciones, aprovechando su mayoría parlamentaria.
Además, alarma que, una vez más, se ignore en el nivel de las más importantes autoridades del Estado el principio de la presunción de la inocencia del procesado, como demuestra una declaración del Procurador, emitida en boletín oficial, en la que insta “a las autoridades judiciales procesadas a que con hidalguía y ejemplo asuman su defensa sin recurrir a la chicanería, sometiéndose a la Constitución y las leyes, y comprueben que sus actos son legales” (¿son las autoridades procesadas las que deben comprobar su inocencia o son sus detractores lo que deben comprobar su acusación?).
En definitiva, más allá del hecho puntual que se comenta, es lamentable ver que un tema tan delicado como la administración de justicia sea manejado con tanta superficialidad, actitud que sólo profundiza su crisis sin que se vislumbre alguna posibilidad de enfrentarla, peor aún si todo se subordina al interés político-sectario prevaleciente.