SURAZO

Las magistradas y la ley

Juan José Toro Montoya.- Como no soy vicepresidente ni gozo de la protección del Estado, no me atrevo a llamar “conspiradoras” a las magistradas del Tribunal Constitucional que fueron suspendidas por haber dejado al país en indefensión jurídica cuando suspendieron temporalmente la nueva Ley del Notariado.
Eso sí, la figura de la indefensión jurídica se produjo y no hace mucho. Fue a principios de mayo de este año y es curioso que la gente no lo recuerde. Quizás pasó desapercibido para la mayoría porque no duró mucho, apenas unas horas.
La indefensión es sencilla y llanamente falta de defensa. La situación de las personas o cosas que están indefensas. Así quedó el Estado boliviano cuando la comisión de admisión del Tribunal Constitucional admitió un recurso que un diputado de oposición presentó contra la Ley del Notariado Plurinacional promulgada en enero de este año. La comisión podía suspender la vigencia de los artículos recurridos pero, en una decisión jurídicamente estrambótica, decidió suspender la ley entera. La consecuencia de semejante decisión fue que Bolivia se quedó sin ningún tipo de defensa en actos de la vida civil como la suscripción de contratos, préstamos y hasta transacciones bancarias. Como es fácil suponer, hubo una airada reacción del Estado, traducida, en su momento, por la ministra de justicia, así que el Tribunal Constitucional reaccionó y levantó la suspensión de la norma.
Entre las múltiples reacciones estuvo la de los notarios que eran los principales afectados. Abogados como son, presentaron una denuncia pero en el marco de la actual legislación; es decir, utilizando la Ley 044, la nueva ley para el juzgamiento de altas autoridades del Estado, incluidos los miembros del Tribunal Constitucional.
Esta nueva ley tiene todo un capítulo en el que se describe el procedimiento que se sigue para enjuiciar a una autoridad del Órgano Judicial. El artículo 26 dice en su primera parte que la denuncia puede presentarse “ante la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados” y, por si fuera poco, el parágrafo 11 del artículo 159 de la Constitución Política del Estado dice que una de las atribuciones de la Cámara de Diputados es “acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo y del Control Administrativo de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.
Por todo lo que pude averiguar con los notarios, lo que se hizo fue actuar conforme a ley; es decir, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional habría cometido un delito al dejar al país en indefensión jurídica, denunciaron a sus miembros a la Cámara de Diputados y ahí comenzó un proceso que, por ahora, derivó en la suspensión de dos magistradas.
Ahora bien, que el asunto se maneje políticamente, que el Gobierno esté intentando descabezar el Tribunal Constitucional o que cualquiera de las acusaciones de la oposición esté en lo cierto es harina de otro costal.
Aquí se vulneró la ley, se dejó al país en indefensión jurídica y alguien tiene que responder por ello. A ver si, de aquí en adelante, las autoridades judiciales se fijan mejor en lo que hacen.