Viernes, 1 de agosto de 2014
 

CUESTIONADO. El Consejo de la Judicatura habría contratado más administrativos.
CUESTIONADO. El Consejo de la Judicatura habría contratado más administrativos.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EN LA MIRA

Presentarán demanda contra cinco consejeros

Presentarán demanda contra cinco consejeros



Diputado del MAS dice que incumplieron la institucionalización de cargos judiciales

ABI

El Presidente de la Brigada Legislativa de Cochabamba anunció la presentación de una denuncia contra las autoridades del Consejo de la Magistratura por presunto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
El representante nacional por Cochabamba, Samuel Pereira, argumentó que los consejeros incumplieron con la institucionalización de cargos judiciales declarados como transitorios y, más bien, elevaron en un 300% la cantidad de personal administrativo en relación a los casi 800 jueces existentes en el país. Las autoridades denunciadas son: la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani Aguilar, y los consejeros Roger Triveño Herbas, Wilma Mamani, Wilber Choque y Freddy Sanabria.
“Estoy presentando al presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio, una denuncia contra los miembros del Consejo de la Magistratura, porque hasta el momento cargos declarados transitorios no fueron institucionalizados y no ha mejorado la parte de infraestructura (en el Órgano Judicial)", dijo en una conferencia de prensa ayer.
Pereira argumentó que asume las acciones con base al inciso 17 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, que atribuye a la Asamblea Legislativa la facultad de controlar y fiscalizar a los órganos del Estado y las instituciones públicas.
El trámite del juicio de responsabilidades ante la Cámara Baja se da dos días después de que una sesión de diputados aprobara la suspensión de las magistradas del Tribunal Constitucional Ligia Velásquez y Soraida Chanez. Ambas fueron denunciadas por la emisión del Auto Constitucional 0106/2014-CA del 13 de marzo de 2014, que puso en suspenso la aplicación de la Ley Notariado Plurinacional.