SURAZO

Retroceso judicial

Juan José Toro Montoya.- La eliminación de los jueces ciudadanos de los procesos penales es un paso atrás en la administración de justicia.
Los jueces ciudadanos son aquellos que no son abogados ni funcionarios judiciales. Aunque carezcan de conocimientos de Derecho, integran los tribunales de sentencia junto a dos jueces técnicos; es decir, dos magistrados que son los encargados de instruirles en la materia cuando sea necesario. Su incorporación al sistema judicial boliviano fue el resultado de un largo proceso de análisis que remató en la conclusión de que el anterior sistema —el denominado inquisitorial que se caracterizaba por ser mayoritariamente escrito— era el responsable de la retardación de justicia existente hasta fines del siglo pasado.
La reforma del procedimiento penal no sólo determinó el cambio del sistema escrito al oral sino la incorporación de jueces ciudadanos con el respaldo de muchos argumentos científicos. Uno de ellos es la percepción. El confirmar una sentencia no a una sino a cinco personas garantiza una diversidad de criterios y mayor imparcialidad. Otro justificativo es el control directo que la ciudadanía ejerce sobre los procesos penales a través de tres personas que tienen voz y voto en los mismos.
En virtud a una iniciativa del Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa Plurinacional ya ha dado los primeros pasos hacia la eliminación de los jueces ciudadanos. El argumento para ello es que el retraso en la constitución de tribunales de sentencia es un factor determinante en la retardación de justicia. Pasa que la mayoría de los ciudadanos que salen sorteados como jueces ciudadanos intentan zafarse de la responsabilidad mediante excusas y/o recusaciones y, al hacerlo, retrasan el inicio de los juicios orales. ¿Será suficiente motivo para eliminar la participación ciudadana? ¡No! El referido retraso no es un problema jurisdiccional sino administrativo y tendría que resolverse a ese nivel.
Al parecer, las actuales autoridades judiciales intentan alivianar la responsabilidad que tienen en el mal manejo de la justicia culpando de sus fallas a los jueces ciudadanos. Entonces, nada más sencillo que eliminarlos.
El problema de la justicia es otro.
Uno de los mayores daños que se le hizo a la justicia boliviana fue la elección de sus autoridades mediante el voto popular. A diferencia de los otros poderes del Estado, el Judicial debe conformarse mediante la meritocracia; es decir, sobre la base de la formación profesional y trayectoria de los profesionales abogados.
La elección de abogados en listas de partidos políticos posibilitó que muchos titulados en Derecho con cuestionable formación jurídica se conviertan en magistrados de los más altos tribunales de justicia con los resultados que ahora vemos: fallos ridículos, congelamiento temporal de leyes, consultas en hojas de coca en lugar de la legislación escrita, peleas execrables por cargos jerárquicos, nombramientos ilegales y un largo e interminable etcétera que incluye viajes de magistrados al exterior con fines románticos y gastos cubiertos por el Estado.
Los jueces ciudadanos no tienen nada que ver con esas tropelías.