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¿Tarjeta roja para los jueces ciudadanos?

Arturo Yáñez Cortes.- Pretextando que mediante ese “ajuste” se contribuiría a reducir la retardación de justicia, la Cámara de Diputados aprobó otra nueva “reforma” más al Código de Procedimiento Penal que elimina la participación de jueces ciudadanos en tribunales de sentencia; seguramente en próximos días la de Senadores hará lo propio, con lo que los jueces ciudadanos quedarían expulsados del ordenamiento jurídico boliviano. Encuentro la propuesta sumamente discutible, contradictoria y peligrosa.
Discutible, porque si bien es evidente que la conformación de tribunales de sentencia con jueces ciudadanos enfrenta problemas que repercuten en el avance del trámite (dificultades para notificar a todos los candidatos a jueces; ubicar sus domicilios, varios no asisten o no quieren participar y otras similares), se trata principalmente de cuestiones administrativas que pudieron resolverse mediante la adecuada gestión y coordinación de los órganos respectivos (principalmente el Consejo de la Magistratura), por lo que ese no es el principal cuello de botella del sistema penal y estimo, esa “reforma” no repercutirá de manera importante para rebajar la retardación. Sí se trata de eso, hubiera sido más útil –como se dijo en su momento- que esos mismos asambleístas no levanten la mano sin ningún criterio jurídico o siquiera elemental previsión introduciendo la audiencia conclusiva al procedimiento mediante la Ley 007 de mayo de 2010, que sí es el principal cuello de botella y retarda hasta por años el avance de los trámites, salvo que ahora terminen reculando nuevamente y anulen su obra.
Contradictoria, porque los jueces ciudadanos que integran los tribunales escabinos (una variante de los jurados) posibilitan con todas sus luces y sombras, la participación y control social a la administración de justicia penal a los que se refiere la Constitución ensangrentada de La Calancha. Entonces, resulta otra impostura más que un gobierno que discursea cotidianamente en favor de la participación y control social, elimine los jueces ciudadanos cuando son precisamente ellos quienes nos representan a los ciudadanos y a la sociedad en conjunto se siente afectada por un delito grave, juzgando junto con los jueces técnicos.
Peligrosa, pues sostengo que la causa principal para la roja a los ciudadanos no son los pretextos así utilizados, sino al hacer desaparecer a los jueces ciudadanos se asegura mayor control político a la administración de justicia penal, pues es mucho más fácil presionar, ordenar, atemorizar o cobrar la factura a dos jueces que a cinco, peor cuando los dos que quedarán tienen mucho más que perder (son funcionarios permanentes) que los ciudadanos que están de paso, algunos de los cuales fueron díscolos con las amenazas u órdenes del gobierno para meterle no más. Adviertan que las sentencias se votan y puede ocurrir que los jueces ciudadanos ganen 3 a 2 a los técnicos. La verdadera causa no de esa reforma sino de ese retroceso es a mí juicio, asegurar aún más la tuerca del poder político en contra de los despojos de la independencia judicial, para así asegurar que los próximos fallos respondan a los intereses del partido. Lo demás son puros cuentos plurinacionales… A propósito, LINCOLN decía que “La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores”.