Miércoles, 20 de agosto de 2014
 

DENUNCIA. El memorial fue presentado al Ministerio Público.
DENUNCIA. El memorial fue presentado al Ministerio Público.

LA FISCALÍA TIENE EL CASO EN SUS MANOS

Ex rector y vicerrector denunciados en Sucre

Ex rector y vicerrector denunciados en Sucre

El ex rector de la Universidad San Francisco Xavier, Wálter Arízaga; el ex vicerrector, Eduardo Rivero; y el secretario general, Edgar Pedro Sernich, fueron denunciados por la supuesta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la ley y el de uso indebido de influencias, por las modificaciones al Estatuto de la casa de estudios superiores para la convocatoria a claustros que fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La denuncia fue interpuesta ayer ante la Fiscalía de Distrito, por los docentes Ana María Aramayo, Mary Molina y Luís Humberto Sivila, de la misma Universidad, calificada como víctima de los delitos antes mencionados.
Los denunciantes piden que una vez el caso sea de conocimiento de un juez cautelar y de garantías constitucionales y se realice la investigación, se imponga a los denunciados la pena máxima de los delitos, que en el caso de resoluciones contrarias a la ley es privación de libertad de cinco a diez años, y en el de uso indebido de influencias, tres a ocho años, además de aplicación de una multa de 100 a 500 días.
Tras la sentencia 1570/2014 del TCP que declara fundado el recurso de nulidad contra la convocatoria a claustros universitarios, en la que se contemplaba la reelección de autoridades y la disminución del plazo de renuncia de autoridades para su repostulación, los claustros en San Francisco son inciertos, aunque es un secreto a voces que Arízaga iría como candidato al Vicerrectorado, y Rivero sería aspirante a Rector, según diversas fuentes.
Mientras tanto, los miembros del Consejo Universitario, esperan una respuesta del TCP a la solicitud de complementación y enmienda que realizaron a la sentencia 1570/2014, sobre su solicitud de que se remita el caso de oficio ante el Ministerio Público, como está contemplado en el Código Procesal Constitucional, y sobre lo que no se pronunciaron.
Por su parte, el abogado de los denunciantes, indicó que actúan como docentes que en conocimiento de los supuestos delitos cometidos, deben denunciar el hecho ante las autoridades competentes y esperan que se actúe con justicia.