MUTÚN. La Jindal tenía un contrato para desarrollar y explotar el complejo de hierro del Mutún.

TRIBUNAL INTERNACIONAL AFIRMA QUE EL GOBIERNO VIOLÓ OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Jindal gana arbitraje contra Bolivia por $us 22,5 millones

Agencias

La Cámara Internacional de Comercio (ICC) emitió un fallo a favor de la Jindal Steel Bolivia, un brazo de Jindal Steel and Power (JSPL), contra la estatal boliviana Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), que deberá pagar $us 22,5 millones por el cobro de las boletas de garantías. El Gobierno, que ya anticipó que no acatará la decisión, anunció una postura oficial para las próximas horas.
"No compartimos este tipo de acciones y decisiones que piensan en el capital privado y no piensan en beneficio de los pueblos y los estados (...). Vamos a hacer conocer nuestra posición oficial en las próximas horas", dijo el ministro boliviano de Minería y Metalurgia, César Navarro.
El fallo de la CCI-París fue dado a conocer ayer por la compañía asiática a través de un comunicado, si bien el Gobierno ya adelantó cuando se presentó la demanda, en junio pasado, que no reconocía la autoridad de ese organismo de arbitraje.
La citada corte francesa ordenó que la entidad boliviana Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) devuelva a Jindal el dinero que la empresa india presentó por adelantado como "garantía del proyecto" y que asciende a 18 millones de dólares más intereses.
El tribunal internacional aseguró que el Gobierno de Bolivia no tenía derecho a "cobrar las garantías (...), por lo que con el cobro la entidad pública ESM violó las obligaciones contractuales respecto a Jindal", recoge la nota de la compañía asiática.


OTRA DEMANDA
Por otro lado, Jindal solicitó a la CCI-París un segundo arbitraje en relación con el proyecto en el que invirtió "decenas de millones de dólares" y en el que ahora reclama el reembolso de "100 millones de dólares (...) por daños derivados de la rescisión del contrato".
El abogado de la firma Jindal Steel & Power, Jorge Valda, informó ayer que la siderúrgica india demandó al Estado, ante la CCI de París, la suma de $us 100 millones por resarcimiento de daños y perjuicios tras la rescisión de contrato en julio de 2012.
“No se ha considerado aún (en un juicio) la salida forzosa de los ejecutivos de la Jindal, no se ha considerado aún la devaluación del precio de las acciones de la Jindal en la bolsa internacional, la afectación a la imagen corporativa que ha tenido la empresa Jindal Steel & Power después de hacer conocer a nivel internacional (el gobierno boliviano) que esta empresa habría incumplido un contrato con el Estado boliviano, eso está siendo debatido en otro proceso arbitral en la cual la empresa Jindal ha pedido y ha demandado la suma de 100 millones de dólares en contra del Estado boliviano”, señaló Valda en contacto telefónico con Erbol.
El abogado indicó que la demanda fue admitida por la CCI y donde el Estado participa de forma activa en el proceso. “En este momento estamos en la fase de presentación de pruebas”, dijo.
“En el proceso de la demanda, de daños y perjuicios, todavía no se ha desarrollado ninguna audiencia, eso está pendiente, primero se debe recolectar la prueba y después se van a llevar adelante las audiencias para escuchar los alegatos. De momento eso todavía está en una etapa preparatoria”, indicó.


EL GOBIERNO
Ayer en la mañana, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, respondió a los periodistas que aún no conocía sobre el tema y que esperaría a que llegara la notificación para dar una versión.
Sin embargo, en junio pasado el procurador general del Estado, Héctor Arce, ya adelantó que el país no aceptaría el veredicto en el arbitraje de CCI-París, pues "no tiene ninguna base jurisdiccional" y "no va a ser reconocido jamás" por el Gobierno.

Jindal y el Gobierno

Jindal fue contratada en 2007 para explotar la mitad de la mina Mutún, yacimiento situado en Santa Cruz, que contiene 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro.
La firma india abandonó el proyecto en julio de 2012, en medio de una investigación oficial por supuestos incumplimientos del contrato.
El Gobierno acusó a la firma india de no haber realizado las inversiones comprometidas e incluso la multó con el cobro de dos garantías bancarias.
Jindal adujo que las autoridades no facilitaron su trabajo, poniendo trabas a su acceso a la mina, y que tampoco le otorgaron la suficiente seguridad jurídica.