EDITORIAL

Síntomas destructivos

No hay que cansarse en insistir que uno de los pilares del sistema democrático es la realización de elecciones periódicas, plurales, transparentes en las que la ciudadanía mayor de 18 años de edad sufrague “mediante voto igual universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”, como dispone el artículo 26/II-2 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El responsable de “organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados” es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe garantizar que “el sufragio se ejercite efectivamente” (CPE, Art. 208). Se trata, sin duda de una delicada tarea que se la encomienda a seis vocales que son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional “por dos tercios de votos de los miembros presentes”, y uno por el Presidente del Estado.
Obviamente, el espíritu primigenio de esta forma de elección es que esos vocales sean personalidades académica y moralmente idóneas e independientes. Corresponde destacar que fue en 1991 cuando por primera vez en la historia se decidió que el Órgano Electoral esté compuesto por personas que respondan a esas características, desechando la perversa tendencia de las eventuales mayorías políticas de copar esta entidad clave.
Fue tan grosera la manipulación de algunos procesos electorales que en una acción de amplia participación social se arrancó al sistema político-partidario esa apertura que intentó ser revertida el año 2000 sin éxito, y que el actual gobierno del MAS pudo lograr con su amplia mayoría parlamentaria, aprovechando la aprobación de la nueva CPE.
Además, se han promulgado las leyes del Órgano Electoral Plurinacional y del Régimen Electoral que han dado excesivo poder al TSE al punto que incluso ha ejercido injerencia, presuntamente en forma inconstitucional, en las labores de información limitando la libertad de expresión.
En ese escenario, desde la sociedad y fundamentalmente a través de los medios, se ha reiterado a los vocales la necesidad de que su actuación se someta estrictamente a la norma constitucional y dirija el proceso electoral en forma trasparente y equitativa. Lamentablemente, hasta ahora esos pedidos han caído en saco roto y pareciera que hay una corriente dentro del TSE que presiona, más allá de todo pudor, a favor del partido de gobierno. No otra cosa significa, por ejemplo, justificar la ilegal propaganda y el impúdico uso de bienes del Estado de los candidatos a la re reelección so pretexto de que cumplen labores de gobierno o, cuando la transgresión de la norma ha sido más que evidente, notificar para procesar a los medios audiovisuales que la difundieron y “olvidarse” de notificar al partido que las violentó. Y más peligrosa aún es su negativa a hacer público el padrón electoral, cuya difusión era amplia hasta ahora.
En ese marco y aprovechando además el importante mensaje de la Iglesia católica sobre el tema, es que se debe insistir ante los vocales, y más allá de sus deseos particulares, que en sus manos está la legitimidad o no del gobierno que surja de las próximas elecciones. Función que cuando hay conciencia cívica, significa una responsabilidad muy grande sobre la que, tarde o temprano se deberá rendir cuentas.