IMPUTADA. Christine Lagarde durante una rueda de prensa en Washington. La ejecutiva del FMI enfrenta un juicio en su país, Francia.

ACUSADA POR DELITOS EN SU ETAPA DE MINISTRA

Directora del FMI deberá ir a juicio por corrupción

París/EFE

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó ayer que no piensa dimitir de su cargo pese a que fue imputada por un presunto caso de corrupción que data de su etapa de ministra de Economía de Francia.
Lagarde aseguró que la Corte de Justicia de la República, una instancia que juzga exclusivamente a los ministros o ex ministros por delitos cometidos durante sus mandatos, le había imputado por "negligencia" en el caso de las presuntas irregularidades en el pago de una indemnización millonaria al empresario Bernard Tapie.
Pese a ello, en declaraciones a medios franceses, Lagarde afirmó que proseguirá su labor al frente del FMI, iniciada en 2011 cuando asumió el puesto dejado vacante por su compatriota Dominique Strauss-Kahn, envuelto en un escándalo sexual.
El portavoz del Gobierno socialista, Stéphane Le Foll, afirmó que el Ejecutivo no exigirá su dimisión, que, dijo "concierne solo al FMI".
La defensa de Lagarde destacó que la imputación de la patrona del FMI es por "negligencia" y no por "estafa en banda organizada", como sucede con el resto de los implicados, entre ellos su jefe de gabinete de la época, Stéphane Richard, actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, y el propio Tapie.
Los abogados de Lagarde, que consideran la imputación "sin fundamento", apelarán la decisión de la Corte de Justicia de la República, que la interrogó en cuatro ocasiones, la última el martes, cuando permaneció 15 horas testificando ante los jueces.
Hasta ahora, al término de esos interrogatorios, los magistrados no habían pasado de la barrera de "testigo asistido" atribuido a la Directora del FMI, que se había refugiado de esa situación para mantener su puesto en el organismo con sede en Washington.
Lagarde se enfrenta ahora a una imputación por un delito penal que en Francia está penado con hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
Los jueces le reprochan haber sido negligente en el caso de la indemnización concedida por el Estado a Tapie en 2007, de más de 400 millones de euros, como compensación por la venta de la empresa de material deportivo Adidas.