SURAZO

El presidente y la ley

Juan José Toro Montoya.- Dos jóvenes fueron detenidos el lunes, en Potosí, por gritar improperios a la caravana de vehículos en la que se encontraba el presidente Evo Morales.
El hecho no hubiera pasado de simple anécdota de no mediar un detalle: los muchachos estuvieron detenidos por más de 24 horas en las infectas celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Potosí.
La legislación penal boliviana establece que nadie puede estar detenido más de ocho horas, salvo en casos previstos por ley. La última parte del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal establece con claridad que “la restricción de la libertad no durará más de ocho horas; pasado este término, necesariamente deberá recabarse orden del juez de la instrucción”.
En el caso de los jóvenes detenidos, el fiscal departamental de Potosí, José Luis Barrios, me aseguró que se cumplió con todo lo que establece la ley. Se comunicó al juez cautelar que los dos muchachos serían imputados formalmente por el delito de sedición así que se pidió que se los mantenga detenidos hasta que se realice una audiencia de medidas cautelares.
No obstante, los antecedentes del caso no se enmarcaban en la figura penal de la sedición que requiere que los acusados de tal delito no sólo muestren abierta hostilidad contra una autoridad legalmente constituida sino que estos se alcen públicamente. Tan inconsistente era la acusación que los jefes policiales la pasaron mal frente a los periodistas cuando estos les cuestionaron por la llamativa detención.
La audiencia de medidas cautelares sólo sirvió para confirmar que el argumento de la sedición no tenía base alguna. Incluso el fiscal asignado al caso reconoció que no existían suficientes elementos de convicción para sustentar su acusación así que el juez ordenó la inmediata liberación de los detenidos.
Pero no pasaron ni el mal momento ni el estupor por lo sucedido.
La regla de las ocho horas, impuesta por la última reforma penal, es la más utilizada tanto por policías como por jueces para liberar incluso a antisociales prontuariados. Muchas veces, los mismos policías se quejan porque, según dicen, ellos detienen a los delincuentes pero los jueces los ponen en libertad.
Muchos criminales fueron detenidos por la Policía, algunos incluso en flagrancia, pero pocos fiscales se movilizaron para conseguir que estén detenidos más de las ocho horas. Curiosamente, el lunes hubo movilización de fiscales para mantener la detención de los jóvenes que insultaron al presidente porque, según me dijo el fiscal Barrios, en un Estado de Derecho se debe respetar a la autoridad legalmente constituida.
¿Qué se buscaba con esa detención? Si lo que se quería era castigar la comisión de un delito, los argumentos se cayeron por sí solos en la audiencia de medidas cautelares.
Si el argumento es la legalidad, ¿dónde se ha visto un Estado de Derecho en el que el propio presidente admite que viola la ley al hacer proselitismo y dice que pagará la multa por ello?
El Estado de Derecho se basa en el cumplimiento de la ley. Se debe exigir respeto al presidente pero también se le puede exigir al presidente que respete la ley.