EDITORIAL

Hacia una buena Ley de Culturas

Durante los últimos días, y dando así continuidad a un esfuerzo común que ya tiene muchos meses de perseverantes avances, el Ministerio de Culturas y Turismo y la red cultural TelArtes han organizado una serie de encuentros para la socialización del anteproyecto de Ley de Culturas. El objetivo es que en todas las ciudades del país se abran espacios para evaluar el avance del trabajo, los consensos y el cronograma de acciones de modo que el instrumento legal que está siendo elaborado colectivamente sea el mejor de los posibles.
Como se puede suponer, no es fácil la tarea que la red de artistas se ha propuesto afrontar y tampoco es desdeñable el esfuerzo que desde el Ministerio de Culturas se hace para facilitar –y no entorpecer, como ocurre en demasiados casos similares– la más amplia y democrática participación de quienes más directamente serán afectados, para bien o para mal, por la ley que está en proceso de elaboración.
Las dificultades, sin embargo, no amilanan a quienes se han propuesto afrontar el desafío, pues de lo que se trata es de elaborar una Ley de Culturas que sea verdaderamente útil y que no se quede en un recuento de buenas intenciones plasmadas en letra muerta impresa en un papel, como ocurre con excesiva frecuencia en nuestro país.
La siguiente etapa del proceso, que según el cronograma propuesto se desarrollará a fines del próximo mes de octubre, consistirá en recoger y sistematizar los aportes que ya están siendo trabajados desde las más diversas perspectivas y disciplinas artísticas y culturales.
Una condición indispensable para que todo ese esfuerzo no sea inútil es que quienes participen en el proceso lo hagan con la mayor apertura y la mejor disposición a recibir críticas y opiniones, por severas y divergentes que éstas puedan llegar a ser. Es imprescindible, por ejemplo, que quienes representen al Gobierno nacional a través del Ministerio de Culturas atiendan las principales preocupaciones de los artistas de nuestro país.
Entre las preocupaciones que ya han sido expresadas se destaca sin duda la relativa a la necesidad de preservar como un valor supremo la más irrestricta libertad de expresión. De ningún modo se debe olvidar que una de las peores tentaciones, entre las muchas que suelen acechar a quienes ejercen el poder, es precisamente la relativa al deseo de poner cortapisas a las expresiones artísticas y culturales para que éstas se reduzcan a la condición de instrumentos al servicio de la propaganda oficial.
Abundantes experiencias ajenas, desgraciadamente muy cercanas en el tiempo y en la geografía, enseñan que nada puede ser peor para el enriquecimiento de las actividades artísticas y culturales de una sociedad que su contaminación y subordinación a criterios políticos o ideológicos. Y como desgraciadamente hay motivos para temer que ese peligro no es ajeno a las intenciones de algunos círculos involucrados en la elaboración de la Ley de Culturas, vale la pena mantener la alerta.