EDITORIAL

Una estrategia equivocada

El curso que están siguiendo los diversos procesos incoados a partir del “caso Rózsa” ha dejado a las autoridades de gobierno y a los dirigentes del MAS en una situación de deslegitimación y desprestigio creciente.
Las revelaciones que hacen, por un lado, ex abogados de diversas reparticiones del gobierno (Ministerios de la Presidencia, Gobierno y Transparencia) a los que se encargó el seguimiento del caso y otros de orden político y que establecieron sólidas alianzas en los ámbitos de la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, para luego conformar una red de extorsión, y, por el otro, las que en los últimos tiempos ha hecho el ex fiscal Marcelo Soza, otrora hombre fuerte del gobierno, develan un panorama tenebroso, en el que por fines de interés político-sectario se violaron flagrantemente derechos humanos básicos, incluyendo la ejecución de tres personas.
Adicionalmente, es tal el desprestigio de las autoridades judiciales y del Ministerio Público encargadas de estos procesos que cualquier sentencia que asuman será rechazada por la gente, lo que no significa, de ninguna manera, que dejen de ser ejecutadas, más aún si incluso organismos internacionales de justicia y multilaterales han expresado duras críticas y exigiendo, además, que se transparenten las actuaciones legales.
Como si no bastara esta situación para que las autoridades reflexionen sobre el tema, la decisión de Brasil de ampliar por un año el carácter de refugiado del ex fiscal Soza no da cuenta de una confabulación derechista en contra del gobierno nacional –como afirman algunos desaprensivos dirigentes y parlamentarios del oficialismo–, sino de que en el ámbito internacional hay sólidas dudas sobre la vigencia del estado de derecho en el país. Esta percepción se agrava al considerar que esa ampliación se otorga luego de una visita hecha por el Fiscal General del Estado a Brasil para agilizar la extradición del mencionado ex fiscal.
En este contexto, tratar de seguir negando esta realidad como lo hacen muchas autoridades es un desacierto, más aún si son pocas las personas que actualmente creen que hubo intentos de dividir al país y, más bien, un buen porcentaje de la población cree que el Gobierno utilizó o aprovechó al grupo Rózsa para derrotar a la oposición política afincada fundamentalmente en Santa Cruz. Es decir, mantenerse con ese argumento sin permitir una investigación imparcial se convierte en un círculo vicioso que las afecta en forma directa.
Por ello, y no sólo como un servicio a los intereses del país sino en su propio resguardo, pareciera que ha llegado el momento de que apoyen la iniciativa de transparentar estos procesos, anular obrados, que los detenidos recuperen su libertad y que si existen razones o indicios fundamentados, se reinicien los juicios respetando los principios universales del debido proceso y el derecho a la defensa, contado además con veedores internacionales, dada la profunda crisis del Órgano Judicial reconocida incluso por el Presidente del Estado.
Sólo de esta manera se podrá establecer la verdad de los hechos y exigir las sanciones correspondientes.