COLOQUIO. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y otros funcionarios explican la propuesta de los cruceños en un coloquio organizado por la Alcaldía de Sucre. Ocurrió el pasado viernes.

LOS CRUCEÑOS PLANTEAN REDISTRIBUIR LOS INGRESOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

Santa Cruz socializa su propuesta; Sucre aún no debate Pacto Fiscal

Daniel Villavicencio/CORREO DEL SUR

Mientras los cruceños y chapacos ya tienen propuestas para el futuro debate nacional sobre el Pacto Fiscal, el municipio de Sucre anuncia que a partir de planteamientos como los del Gobierno Departamental de Santa Cruz se iniciará un periodo de reflexión y debate en el que se incluya la participación de diversos actores regionales. La propuesta que defiende la Gobernación de Santa Cruz, recientemente difundida en la ciudad, plantea asignar mayores recursos a las entidades subnacionales para garantizar el financiamiento de las competencias autonómicas asignadas y avanzar hacia una autonomía fiscal. ¿En qué consiste esa propuesta?
Una vez realizado el Censo de Población y Vivienda 2012 y de acuerdo con lo que dicta la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Asamblea Plurinacional dispuso de un plazo de seis meses para encarar un debate nacional que arroje la nueva estructura fiscal nacional. Es decir, un gran pacto nacional que defina el manejo y la administración de la política fiscal del Gobierno central y de los gobiernos subnacionales (Gobernaciones y Alcaldías), teniendo como objetivos fundamentales la estabilidad macroeconómica, la autonomía fiscal subnacional, la equidad distributiva, la eficiencia en la ejecución del gasto y la disciplina fiscal. El Pacto Fiscal, en consecuencia, debe garantizar la vocación autonómica que ha adoptado Bolivia, aunque en los hechos poco parece importar. Hay un retraso en los plazos establecidos por la Ley Marco de Autonomías, pese a que ya se cuentan con nuevos datos del Censo y, por otra parte, el debate no está priorizado en la agenda política nacional.
En pasados días, funcionarios de alto rango de la Gobernación cruceña estuvieron en Sucre para difundir la propuesta que propugnan como una de las pocas regiones que insisten en asumir el debate fiscal. La misma plantea redistribuir los ingresos de coparticipación tributaria en el país para asignar mayores recursos a gobernaciones, alcaldías, universidades y pueblos indígenas.
¿Qué se plantea? El secretario general de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, resume la propuesta en tres ejes temáticos: nuevas leyes, endeudamiento y nueva distribución de recursos.
Se demanda la necesidad de modificación de algunas leyes vigentes para que la planificación y ejecución presupuestaria se realice en cada región sin depender de la normativa con “intencionalidades y arbitrariedades” del Gobierno. Es decir, que si bien el Estado asigna recursos, su ejecución aún está supeditada a las autorizaciones centrales.
En cuando al endeudamiento, Peña explica que si bien las competencias otorgan la capacidad a las regiones para adquirir deudas, el Gobierno central es el que define, aprueba y autoriza la negociación de dicho crédito.
Finalmente, en lo referido a la distribución de recursos, Santa Cruz plantea la necesidad de una redistribución sólo de los recursos de coparticipación tributaria y no de los ingresos por la explotación de hidrocarburos o minería y su respectivo régimen impositivo.
Santa Cruz plantea, entonces, redistribuir los recursos que el Estado capta por la recaudación del Impuesto al valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), el Gravamen Aduanero y el Impuesto a las Salidas al Exterior.
Actualmente, según recoge la propuesta cruceña, el Gobierno dispone del 75% de los recursos de Coparticipación Tributaria y el restante 25% lo asigna a Alcaldías y Universidades Públicas.
Santa Cruz plantea que el Gobierno sólo disponga del 50% de los recursos de Coparticipación Tributaria y la otra mitad se distribuya entre Alcaldías (23%), Universidades Públicas (6%) pero además se incluya a Gobernaciones (20%) y Pueblos Indígenas (1%).


¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE?
Equidad y solidaridad es la base de la propuesta de redistribución, asegura Peña y puntualiza la siguiente asignación a cada actor subnacional.
La asignación de un 23% para las Alcaldías del país significaría un incremento puesto que actualmente perciben un 20%. El incremento porcentual representaría un 15% adicional de recursos.
La asignación para las Universidades Públicas subiría de un 5% actual a un 6% propuesto. Es decir, aumentaría su presupuesto en un 20% del total de recursos.
La novedad de la propuesta apunta a asignar recursos de coparticipación tributaria, que actualmente no perciben, a Gobernaciones y Pueblos Indígenas.
El 20% que se asignaría a las gobernaciones se dividiría bajo dos criterios: el primero, equitativo, es decir, que un 10% se distribuiría en partes iguales entre los nueve departamentos. El segundo criterio, compensación; es decir, el otro 10% se distribuiría en función a la población de cada departamento. Así los departamentos con mayor población, como Santa Cruz, obtendrían mayor asignación que los departamentos con menor cantidad de habitantes.
Finalmente, los Pueblos indígenas recibirían un monto de un 1% en los nueve departamentos.
¿Y el Gobierno? En los hechos, ¿la propuesta de Pacto Fiscal apunta a reducir la administración de los recursos que maneja el Gobierno y repartirlo a las regiones?
Según el estudio que sustenta la propuesta de la Gobernación de Santa Cruz, los recursos que se le arrancarían al Gobierno son ínfimos. Del Presupuesto General del Estado que maneja el Gobierno, actualmente sólo un 12% es asignado a los gobiernos subnacionales, es decir, que la administración del presidente Evo Morales dispone del 88% de todos los ingresos que tiene el país.
Si se considera que la propuesta de Pacto Fiscal apunta sólo a los ingresos por Coparticipación Tributaria, se estaría restando apenas un 4.7% de ese 88% asignado al Gobierno.
Así, de aprobarse este planteamiento, las entidades subnacionales aumentarían su participación del 12% actual al 16.7%, en tanto que el Gobierno bajaría del 88% al 83.3%.
El gobernador cruceño, Rubén Costas, enfatiza que con esta redistribución de la coparticipación tributaria se incrementarían sustancialmente los recursos destinados a proyectos de inversión pública en las áreas de salud, educación y seguridad ciudadana.
Se beneficiarían los 380 municipios, las nueve gobernaciones, las universidades públicas y el sector indígena. Según sus proyecciones, las gobernaciones aumentarían sus ingresos entre un 20% hasta un 240%.
“No es una imposición, ni debiera ser”, señaló Costas, el pasado viernes, durante la presentación pública de dicha propuesta en Sucre, en el Paraninfo Universitario.
La autoridad cruceña afirmó que no hay voluntad gubernamental de cumplir con el Pacto Fiscal y que incluso altas autoridades gubernamentales señalaron que la demanda de este debate nacional buscaba “descuartizar” el país. Finalmente, recordó que la ministra de Autonomías, Claudia Peña, anticipó que el debate se realizará después de las elecciones.
“Nosotros hemos cumplido (con los plazos) y tenemos una propuesta”, concluyó Costas al precisar que la propuesta de Tarija también es interesante aunque “más agresiva en cuanto a los porcentajes de los recursos”.
La propuesta chapaca plantea asignar un 46% de recursos para el Gobierno, señaló.


EN LA REGIÓN
El Departamento de Chuquisaca aún no cuenta con una propuesta de Pacto Fiscal. Ni Gobernación ni las alcaldías ni la Universidad han dedicado tiempo a esta reflexión.
“Debiera ser un momento en que debamos iniciar el análisis local y llevar al escenario departamental para profundizar no sólo el conocimiento de esta propuesta, rica en diferentes aspectos que hacen al manejo de la economía nacional”, reflexionó al respecto el alcalde Moisés Torres, quien saludó el planteamiento de asignación de mayores recursos para las distintas regiones y gobiernos subnacionales.
“Vamos a empezar a socializar y generar debate para que al momento de que se plantee el debate nacional sea importante no sólo para el municipio Capital, sino para el país que debamos hacer una interpretación adecuada y llegar a proponer cuál es el mejor camino para una redistribución equitativa y solidaria”, acotó la autoridad.

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