DEMANDADAS. Las autoridades reclaman respeto a sus resoluciones en sus competencias.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULÓ UN FALLO Y AVALÓ SANCIONES

Sanción a jueces indígenas afecta a su permanencia

William Zolá/CORREO DEL SUR

Las autoridades indígena originaria campesinas del municipio orureño de Huari ven amenazadas sus competencias establecidas en la propia Constitución después que fueron sancionados con el pago de daños y perjuicios de Bs 6.000 a una comunaria que les demandó con un amparo constitucional sin haber agotado las instancias de apelación dentro de la estructura de la justicia indígena originaria campesina.
Lo grave para las autoridades originarias demandadas es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) confirmó el fallo de un juez constitucional de Challapata que les obliga a pagar daños y perjuicios por haber resuelto un conflicto por tierras entre familiares de la comunidad.
El abogado de las autoridades originarias demandadas, Danny Álvaro Nieto Flores, informó que estas autoridades ejercen sus funciones ad honoren pero ahora están sometidas a denuncias por supuesta vulneración de derechos.
“El riesgo es que con este precedente, se puede sancionar a las autoridades originarias por las decisiones que asuman porque cualquier comunario que no esté de acuerdo con una decisión de la autoridad originaria directamente podrá acudir a un amparo constitucional sin agotar las instancias de la estructura de la jurisdicción indígena originaria”, señalóNieto.
Por su parte, la autoridad indígena Eusebia Gerónimo, alertó que si la jurisdicción ordinaria y constitucional continúan objetando con sanciones las resoluciones de las autoridades indígena originarias, ningún comunario va a querer ser autoridad por las presiones y amenazas que hay.
Las autoridades y ex autoridades del ayllu Iluta Chawara del municipio de Huari, llegaron a Sucre para hacer este reclamo a las autoridades del TCP por una acción de amparo constitucional que está en ejecución de sentencia y les obliga a pagar más de Bs 6.000 a las autoridades que emitieron un fallo dentro de un conflicto por tierras en su jurisdicción.
El abogado Nieto explicó que la resolución de amparo constitucional emitido por el juzgado de Partido de Challapata que sanciona con daños civiles a las autoridades indígenas fue confirmada por el TCP otorgando tutela a la accionante y anulando las actas (resoluciones) de la comunidad que fueron suscritas voluntariamente por las partes en conflicto. Empero, la parte accionante sostuvo que la obligaron a firmar y ceder terrenos en favor de su cuñado.