CUESTIONADO. Las fuerzas políticas tienen dudas sobre el desempeño del Órgano Judicial.

La crisis judicial empuja a un debate para ajustar la Constitución

Los políticos estiman necesaria una modificación en la CPE, particularmente en el tema de la elección de magistrados

JORGE QUISPE/LA PAZ

¿Modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE)? Los partidos políticos, que el 12 de octubre irán a los comicios generales, creen que se deben efectuar cambios en la Carta Magna para superar la crisis que enfrenta la administración de la Justicia en el país.
La retardación, las constantes denuncias de corrupción, los casos de impunidad y falta de recursos económicos son algunos de los factores de la crisis judicial, según el informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El constitucionalista Ery Castro cree que se “debe modificar imperiosamente la Constitución”, porque el régimen de autonomías no está siendo profundizado como se esperaba, pero además de ello apunta a la elección judicial, que si bien marcó “un hito histórico en el constitucionalismo boliviano, la forma de elección de las autoridades se debe reformar”.
El también abogado Alan Vargas considera que cualquier reforma constitucional “en esta etapa electoral puede ser muy perjudicial”, porque los partidos podrían usarla solo para el discurso político. No obstante, el constitucionalista admite que la elección judicial debe ser analizada. “Nos ha traído muchos problemas, porque no se consensuó bien la preselección de candidatos, ignorando en muchos casos el voto popular”.


PARTIDOS
Desde el Movimiento Sin Miedo (MSM), la diputada Marcela Revollo apunta a que se deben introducir cambios en la CPE, a raíz de la última elección judicial, que “debe tener todo el respaldo constitucional para una reforma ética institucional y profesional de los jueces”. Revollo insiste además en que se deben establecer candados constitucionales para evitar una reelección indefinida de los gobiernos.
La ex presidenta del senado Gabriela Montaño, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirma que están de acuerdo con una eventual modificación de la CPE “siempre y cuando se consulte a la población y ella respalde las modificaciones a través de un referéndum”. Más adelante, admite que “el proceso de cambio” que impulsa el MAS, no pudo llegar al Órgano Judicial, un estamento donde “se deben tomar medidas que corten de raíz la lógica de corrupción, retardación de justicia y si eso requiere una modificación constitucional, pues hay que ponerlo en la mesa de la discusión”.


OPCIONES
Quien considera que no se debe modificar la CPE es Gamal Serhan, aspirante a primer senador por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Si se cumple la CPE tendríamos a un Waldo Albarracín (actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés) como magistrado y no a los actuales.
“No hay que tener miedo, urgen cambios a la Constitución para cambiar la justicia”, asegura el aspirante a la vicepresidencia de Unidad Demócrata (UD), Ernesto Suárez, quién aclara que este cambio debe poner un freno a la posibilidad de una reelección indefinida de los presidentes. “Creemos en el recambio y no podemos tener a un presidente como si fuera un monarca de forma vitalicia”, coincide la postulante a diputada de UD Claudia Bravo.
Alejandro Almaraz, candidato a primer senador de Cochabamba por el Partido Verde de Bolivia (PVB) asegura que se debe respetar la Carta Magna, pero que también se debe “revisar todo aquello que está con candados para que la democracia salga adelante”.
El constitucionalista Vargas insiste en una reforma constitucional, pero que “es lamentable que los partidos quieran usarla como una bandera para ganar votos”.
Su colega Ery Castro reitera en que deben existir cambios “porque a través de una norma se legitiman estas nuevas elecciones de la reelección, sin embargo, –afirma– el pueblo debe decidir en su momento, si acepta la reforma”.

Corrupción, la retardación y el nepotismo

Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece que la corrupción, la retardación y el nepotismo son los factores que afectan al sistema judicial boliviano.

Máxima instancia

La sede del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia legal que posee el país.