Urge optimizar el Ministerio Público

Mauricio F. Julio Quintana.- El art. 225 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, establece que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses de la sociedad. Antes defendía los del Estado, pero al presente desempeña sus funciones en el marco de su propia Ley Orgánica No. 260 de 11 de Julio de 2012, y su finalidad primigenia es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública.
En días pasados, se verificó un Seminario Internacional con la participación de expertos del continente con el Slogan “Construcción de un Nuevo Sistema Penal “. Este evento, beneficioso para dicha institución y su propósito teleológico, fue respaldado por las declaraciones del Sr. Fiscal General del Estado, quien afirmó que “ cuesta lograr una independencia total del Ministerio Público” y “la creación de una identidad propia de la institución “.
Se ha revelado 700 denuncias contra los 505 Fiscales de Materia en todo el país; hay casos en que cada uno tiene de 4 a 6 denuncias por la comisión de faltas o delitos, destacándose, incumplimiento de plazos procesales y la inasistencia a audiencias; lo que ha generado la advertencia de depurar el Ministerio Público, por dichas razones.
Empero, estas acciones, no solucionan el grave problema para la institución y por consiguiente para la sociedad. El insuperable problema, subyacente hace tiempo sin que nadie lo solucione, ,se denominaría el síndrome de “ estructural carga procesal “y su solución no radica en sancionar a sus funcionarios, al mejor estilo inquisitivo, ya que las estadísticas en el Ministerio Público arrojan que cada Fiscal tiene un promedio de 500 casos en despacho para atender, realidad que hace técnica y físicamente imposible resolver en los plazos que prevé la norma (Código de Procedimiento Penal), generando un caldo de cultivo en el mundo litigante para perseguir inmisericordemente a dichos funcionarios y haciendo dicha tarea más caótica.
La labor diaria de los precitados funcionarios, es merecedora de reconocimiento de propios y extraños, debido a la descomunal cantidad de casos que inviabilizan cualquier propósito encomiable de resolver en los plazos que prescribe la ley. Esta realidad lacerante al interior del Ministerio Público alcanza también a instancias jerárquicas de la institución, que casi nunca resuelven los asuntos de su conocimiento en los plazos establecidos por ese común problema estructural.
El pretendido Nuevo Sistema de Justicia Penal debe erigirse sobre esta realidad en la que se halla el Ministerio Público. En un simple sondeo de opinión sobre su realidad institucional, la respuesta es desoladora. Graficando ello y recurriendo a cifras, la media que atiende cada fiscal es de 19.801 casos, cifra estremecedora y desalentadora para los 505 Fiscales de Materia que operan justicia penal en Bolivia y para cualquier humano. Por ello es que los 160.000 casos y 6.500 procesos de corrupción, expresados por el Fiscal General del Estado y la Ministra de Lucha contra la Corrupción respectivamente, no se resuelven y configuran una realidad que demuestra precariedad e indigencia de recursos humanos.
Esta postración institucional debe cambiar. La solución es clara. Debe incrementarse inexcusablemente el número de fiscales de materia. No existe explicación coherente y contraria a ese anhelo institucional y de la sociedad, que justifique la inacción de las autoridades competentes. Debe también dotárseles de infraestructura y otros medios laborales para que su delicada labor sea desplegada en ambientes adecuados. Esta solución no es un descubrimiento, es una obligación imperativa e ineludible de las autoridades, so pena de incurrir en incumplimiento de deberes, y así cumplir su misión constitucional de ejercer la acción penal pública en condiciones óptimas y alcanzar la Nueva Justicia Penal, así como la pronta y oportuna acción de la justicia, reprimiendo eficientemente a la delincuencia. De no atenderse esa necesidad, el postulado de diseñar el Nuevo Modelo de Justicia Penal en nuestro país es mera retórica.
Se afirma que lo que es un Estado organizado, es su Ministerio Público.