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PROTESTA. Representantes de los ropavejeros del país marcharon ayer, en la Sede de Gobierno.
DENUNCIA AFÁN DE CONVULSIONAR EL PAÍS
Gobierno ve cálculo político en marcha de los ropavejeros
Gobierno ve cálculo político en marcha de los ropavejeros
Los ropavejeros volvieron a marchar en demanda de la abrogación del decreto 28761
La Paz/Agencias
El reinicio de movilizaciones por parte de los ropavejeros, que demandan la legalización de la venta de ropa usada en el país, desató críticas del Gobierno que ayer advirtió un "cálculo" político para causar convulsión social junto a otros sectores en conflicto.
Ayer, miles de comerciantes de ropa usada de La Paz y delegaciones del interior del país colapsaron el centro paceño, demandando al Gobierno abrogar el Decreto 28761 para permitirles la libre importación y venta. Advirtieron que de no tener una respuesta favorable de parte de las autoridades nacionales, definirán más medidas de presión.
"Había un cálculo por parte de la dirigencia de ese sector (ropavejeros) que pensó que durante esta semana la movilización de ese sector iba a mezclarse con otros conflictos sociales en el país. En su cálculo, el conflicto con el sector de los jubilados, además de la reactivación de los chuteros, por lo tanto, estaban tratando de generar un panorama de convulsión que afecte al Gobierno", dijo el viceministro Alfredo Rada.
La autoridad recordó que el Gobierno zanjó la pasada semana el conflicto con los chuteros y los jubilados. Los primeros insisten en un nuevo programa de nacionalización y los segundos aguardan una reunión con el presidente Evo Morales para tratar su demanda de un bono de Bs 3.000.
"Eso hizo que la movilización de los ropavejeros, impulsada por algún contrabandista (...), se ha visto aislada y con menos fuerza de la que sus promotores estaban pensando", acotó.
Ayer, el titular de la Confederación de Empresarios Privados, Daniel Sánchez, pidió a la Fiscalía enjuiciar a los vendedores de ropa usada por ser una actividad ilegal que daña a la industria nacional.
La norma
El Decreto 28761 de 2006 prohíbe la importación y comercialización de prendería usada y propone la reconversión productiva de los ropavejeros mediante acceso a crédito y tecnología.
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