EDITORIAL

El TAM en la hora de su formalización

Hace algo más de un año, en agosto de 2013, en este espacio editorial, expresamos nuestra voz de alarma por la facilidad con que en nuestro país estaba prolongándose sin límites una situación inadmisible desde cualquier punto de vista. Nos referíamos a la franca y abierta decisión de los altos mandos gerenciales y castrenses responsables de la empresa Transporte Aéreo Militar (TAM) de negarse a acatar las disposiciones legales vigentes en nuestro país para regular las actividades empresariales en general y las relativas al negocio aerocomercial en particular.
Nuestra preocupación, en la que hemos insistido en reiteradas oportunidades durante los últimos 12 meses, estaba motivada –y todavía lo está– en dos importantes razones.
La primera, la relativa a la facilidad con que los ejecutivos del TAM pasaron por encima de una resolución del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que se proponía hacer efectivo el cobro de una deuda por concepto de impuestos que esa empresa se rehúsa a cancelar. El tema, cuyos antecedentes se remontan a 2008, que es cuando la deuda comenzó a acumularse, volvió a la agenda pública cuando el Ministro de Economía y Finanzas Públicas salió a la palestra no sólo para respaldar la demanda de la entidad recaudadora, sino también para exigir que la empresa aerocomercial se sujete a las normas vigentes en el país.
La segunda señal de alarma sobre la manera como TAM opera en nuestro país la dio una serie de incidentes que pusieron en evidencia la precariedad de los aviones y de las normas de seguridad de esa empresa. Fue así que salió a luz el hecho de que no sólo que desacataba disposiciones legales en asuntos tributarios sino que, lo que es mucho más grave, también se negaba a someterse a la supervisión, control y regulación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), como corresponde a cualquier empresa del rubro aeronáutico y como mandan no sólo las leyes vigentes en nuestro país sino convenios internacionales de cumplimiento obligatorio.
Hace un año, y como para dar una salida decorosa aunque temporal al conflicto, entre las autoridades gerenciales castrenses y autoridades del Ministro de Finanzas, de la DGAC y la ATT, se suscribió un compromiso mediante el que se fijaba en el mes de abril de 2014 el plazo máximo para dar fin con todas las irregularidades cometidas por la empresa militar.
De nada sirvieron los ocho meses de espera pactados en agosto de 2013, pues cuando terminó el mes de abril nada había cambiado. Ni el SIN ni la ATT ni la DGAC lograron hacer valer su autoridad pues la empresa militar reincidió en su despectiva actitud de irrespeto y desacato a las leyes e instituciones de nuestro país. Lo máximo que se obtuvo fue un nuevo compromiso, esta vez para que no pase de septiembre la transformación del TAM en una empresa formal.
Septiembre ha llegado a su fin y ninguna información oficial se ha conocido sobre el estado de las negociaciones. Y puesto que el plazo se ha cumplido, cabe esperar que durante los próximos días se tengan buenas noticias de modo que los miles de pasajeros que ponen sus vidas en alas del TAM puedan hacerlo con la tranquilidad de saber que las instituciones encargadas de velar por su seguridad están cumpliendo con su deber.