CONSULTA. La consulta soberanista promovida por el gobierno regional de Cataluña, España, deberá esperar una respuesta constitucional.

CONSTITUCIONAL ESPAÑOL DEBE RESOLVER SU LEGALIDAD

Tribunal deja en suspenso la soberanía de Cataluña

Barcelona, España/EFE

El Gobierno de la región de Cataluña decidió ayer suspender la campaña institucional para la consulta de carácter soberanista que fijó para noviembre próximo, sobre la que el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, advirtió de la ilegalidad de promocionar esa convocatoria.
El presidente regional catalán, Artur Mas, firmó el pasado sábado la convocatoria para el 9 de noviembre de una consulta en la que los ciudadanos de Cataluña (7,5 millones de habitantes) se pronuncien acerca de la soberanía de esa comunidad autónoma española y, eventualmente, de su independencia.
Esa consulta fue recurrida el lunes por el Gobierno central y, horas más tarde, el Tribunal Constitucional (TC) decidió admitir a trámite el recurso, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la consulta.
El Ejecutivo catalán, reunido en Barcelona, acordó a su vez suspender temporalmente la campaña institucional que pensaba llevar a cabo para promover la convocatoria, pero su portavoz, Francesc Homs, hizo hincapié en que "la partida continúa".
Confía así que, cuando estudie el fondo del asunto, el Constitucional termine por admitir la legalidad de la consulta en las próximas semanas, de modo que se celebre el 9 de noviembre.
Para ello el Gobierno regional presentará en breve alegaciones ante el Constitucional, porque el Ejecutivo catalán "no pliega velas" y, además, cuenta con que los ciudadanos se movilicen en favor de la consulta, añadió.
El portavoz del Ejecutivo catalán descartó que el parón dado al proceso por el TC dé lugar a elecciones anticipadas y aseguró que Artur Mas se reunirá en los próximos días con los líderes de las formaciones nacionalistas que apoyan la consulta para analizar la situación.
La paralización de la campaña institucional se justifica en garantizar la "seguridad jurídica" de los funcionarios públicos que tuvieran que participar en esos actos de promoción, según Homs.
"Algunos ya querrían haber liquidado la partida, estamos en un contexto de suspensión cautelar, no se ha anulado nada. La partida no está acabada, todo lo contrario", afirmó Homs, para quien la medida adoptada por el TC es una "operación de Estado de interés político".
Mientras en Barcelona las autoridades regionales adoptaban esa decisión, en Madrid se pronunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien advirtió a los nacionalistas catalanes de que incumplir la decisión del Tribunal Constitucional es incompatible con la democracia.
Durante una sesión de control en el Senado, Rajoy fue preguntado por Josep Lluís Cleries, un representante de la formación nacionalista CiU, que gobierna en Cataluña y para el que la decisión del TC aleja aún más a los catalanes de un Estado que –dijo– "no les quiere respetar".
Para Rajoy en este asunto no se trata de votar o no hacerlo, sino de que todos los gobernantes respeten la ley y no atenten contra los derechos de todos los españoles.

Constitución

La Constitución no es un muro, sino un cauce de convivencia, en palabras del jefe del Ejecutivo español, para quien si a alguien no le gusta la ley lo que tiene que hacer es intentar cambiarla por las vías adecuadas.