RESOLANA

Lo pequeño es hermoso

Carmen Beatriz Ruiz.- ¿Alguna vez tuvo que realizar un juicio (como era antes) o un trámite administrativo (como es ahora) para remediar errores de registro en su certificado de nacimiento? ¿Le tocó pedir, y pagar, para que la Policía certifique que su carnet de identidad no tiene clon y es, de verdad, de usted…? O quizá le ha ocurrido que, iniciando un trámite, se enteró, por pura casualidad, de que tiene una observación tributaria que, averiguadas las cosas, es el resultado de un error del “sistema” y usted tiene que actuar de inmediato para resolver.
Si usted pasó por una o varias de esas situaciones, es como cualquier persona de la población boliviana, víctima de una actitud extendida entre las y los funcionarios públicos: tirarle al ciudadano sus propios errores para que éste, a su cuenta y riesgo, los solucione. ¿De dónde vienen estas prácticas?
En primer lugar de una cultura ciudadana incipiente, en construcción, debido, entre otras cosas, al convencimiento del funcionario de que, elegido, designado o contratado, accede a una cuota personal de poder que lo coloca por encima de cualquier mortal común. Pero, también (y ésta es una contraparte fundamental) a la percepción de la gente de que está indefensa ante ese poder. Dos aspectos que concluyen, de hecho, en autodisminución de ciudadanía.
Las definiciones del concepto de ciudadanía refieren generalmente al ejercicio de los derechos y deberes de las personas en su vida como parte de una determinada comunidad, añadiendo que ese ejercicio posibilita y en cierto modo garantiza su participación política. Hasta aquí parece que todo el mundo está de acuerdo con la definición, pero, como todo concepto aparentemente claro y simple, éste tiene trasfondos que no siempre se perciben o reconocen, al menos, no de inmediato. Esto ocurre, por ejemplo, con la relación intrínseca y definitoria entre ciudadanía y Estado y con la dupla entre derechos y deberes. Dos aspectos que sólo pueden entenderse como parte del ejercicio de ciudadanía y lo completan en su definición y en su práctica.
Recientemente, la institución Ciudadanía, comunidad de estudios sociales y acción pública difundió los resultados del estudio Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014. Hacia una democracia de ciudadanos, elaborado por su equipo de investigación en alianza con el proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt.
El estudio está enfocado en las y los ciudadanos, tomando, como se dice en la presentación del texto, “sus voces, percepciones, actitudes, valores y preferencias”, precisamente porque la construcción democrática depende de la gente y ésta es, en definitiva, tanto la usuaria y beneficiaria, como, en cierto modo, la responsable última de su configuración. De este modo, se va a contrapelo de la tradicional victimización de la ciudadanía, reconociéndole un papel más activo en los problemas que la atingen.
El ciudadano no es un ente inerme y silencioso. Tiene poder. Cuenta con la fuerza de su voz, de su voto y de su acción. Sólo que se trata de una potencia muchas veces poco conocida, menos asumida, a no ser que se exprese en condiciones de presión y de situaciones límite. En definitiva, tenemos que preguntarnos por qué aceptamos en la vida cotidiana actitudes estatales que nos humillan, y reconocer que asumir nuestra responsabilidad puede ayudarnos a ejercer mejor nuestros derechos y obligaciones.