EDITORIAL

Desconfianza electoral y Registro Civil

A las muchas dudas que durante el último tiempo se han ido acumulando sobre la idoneidad e imparcialidad con que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizan su trabajo, se ha sumado la enorme cantidad de personas fallecidas que figuran en el Padrón Electoral, tal como lo denunciara la anterior semana el candidato presidencial del Movimiento Sin Miedo.
Hasta ahora, de nada han valido los argumentos esgrimidos por los vocales del TSE para explicar y justificar tan ostensible anomalía. Y no lo han sido porque los desaciertos que ha cometido esa institución la ha llevado a un nivel tal de desprestigio que la palabra de sus miembros es merecedora de muy poca confianza.
Tan lamentable situación tiene un complemento no menos penoso. Se trata del desempeño de algunas fracciones de la oposición que con denuncias de supuestos fraudes que nunca fueron debidamente probadas han contribuido durante los últimos años al deterioro de la institucionalidad democrática tanto como los desaciertos del Órgano Electoral.
A pesar de esos antecedentes, la denuncia hecha por el candidato del MSM no ha pasado desapercibida porque ha sido probada. Y aunque en la práctica no ha tenido mayor efecto práctico, ha puesto en evidencia lo mal que todavía está uno de los principales pilares de la institucionalidad estatal como es el Registro Civil.
El asunto no es nuevo y no está relacionado solamente con la posibilidad de que algunos miles de muertos participen con sus votos en el acto electoral. El riesgo de que los muertos voten, y mucho menos que lo hagan en una escala capaz de incidir en los resultados totales es en realidad inexistente, por lo que no es ese aspecto del problema el que más debe preocupar.
Mucho más grave que ese temor es que el caso confirma que en Bolivia sigue sin funcionar debidamente algo tan importante como el Registro Civil a pesar de los decenas de millones de dólares que se vienen gastando desde hace más de 25 años para resolver esa carencia.
En efecto, y más allá de las circunstanciales pugnas electorales, lo que debiera ser motivo de preocupación es la facilidad con que decenas de miles de personas muertas continúan figurando como vivas muchos años después de su fallecimiento. Entre las consecuencias más obvias de esa sobrepoblación de “fantasmas” está que cada uno de ellos puede seguir apareciendo como beneficiaros de los muchos bonos vigentes en nuestro país.
No es difícil calcular la enormidad de dinero que puede sustraerse de las arcas públicas mediante el fácil procedimiento de mantener a decenas de miles de ancianos en la lista de los beneficiarios de la Renta Dignidad, por ejemplo, lo que entre otras cosas explicaría los notables éxitos que según las estadísticas oficiales Bolivia está alcanzando en el aumento de expectativa de vida de su población.
Por eso, y más allá del infundado temor de que los muertos voten masivamente por la fórmula oficialista, el caso debe dar lugar a una cabal comprensión del verdadero origen del problema y no, como está ocurriendo, a una simple anécdota electoral.