EDITORIAL

Nueva arremetida chilena

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se encuentra difundiendo un documento audiovisual explicando lo que a criterio de sus especialistas y ex mandatarios es la demanda interpuesta por el país ante la Corte Internacional de Justicia. Por lo que se conoce, insiste en que el país busca modificar los límites entre Bolivia y Chile, alterar el Tratado de 1904 y asume una posición victimista por su encierro que no respondería a la realidad.
Es una redundancia sostener que Chile tiene el derecho de reaccionar como vea conveniente ante acciones que lo afecten. Lo que impresiona es que ante un nuevo escenario como el que estamos viviendo en este siglo XXI y una renovada estrategia boliviana para poder acceder en forma soberana al Océano Pacífico, con la que nacimos como república, la Cancillería chilena siga exponiendo similares conceptos y posiciones que tuvo desde las negociaciones del Tratado de 1904 e incluso el tono de sus portavoces recuerde a lo más retrógrado de su historia.
Esa actitud puede ser consecuencia de diversos factores. Uno, que la burocracia diplomática chilena está atravesando una dura crisis que ha llegado a tal punto que, a diferencia del pasado, es permanentemente criticada dentro de ese mismo país. Era impensable que una política perteneciente al ámbito de las relaciones exteriores fuera debatida públicamente y menos que, una vez asumida, tenga detractores. Es más, se vanagloriaban de ello y criticaban, en el caso de sus vecinos y específicamente del país, el uso del tema marítimo en forma pública y en función a situaciones internas. Pero, resulta que cuando el entorno varía, su burocracia no puede reaccionar con iniciativa, como se ve no sólo en el caso boliviano, sino también en su relacionamiento con Perú después del dictamen de La Haya.
Otro, las pugnas internas dentro de la coalición de gobierno chileno, en las que al predominar el liderazgo de la Presidenta en desmedro de una tradición partidaria, se ha desatado una pelea por protagonismo que ha llegado con fuerza al ámbito de las relaciones exteriores. Además, esa búsqueda de figuración explicaría que la cancillería de un gobierno autodefinido socialista sea más conservadora y prepotente que en la gestión anterior, que se declaraba de derecha.
Un tercer factor –que podría ser el principal en el caso específico de nuestras relaciones– es que la estrategia y demanda bolivianas han descolocado a la burocracia diplomática santiaguina que, hay que insistir, está reaccionando de la peor manera posible.
Al contrario, corresponde destacar que salvo gafes muy concretos, tanto las autoridades de gobierno como el sistema político en general han actuado con la prudencia que el caso aconseja. No sólo que este tema no ha sido incluido en la agenda electoral en curso, sino que más allá de probables divergencias, se ha respondido positivamente al pedido gubernamental de apoyar la estrategia asumida.
En esas circunstancias, y mientras se prepara la réplica a Chile, hay que seguir explicando, sin estridencias, a la comunidad internacional la justicia de nuestra demanda y la necesidad de que Chile se avenga a dialogar de buena fe para encontrar una satisfactoria solución.