COLUMNA VERTEBRAL

Sobre las explicaciones de Chile

Carlos D. Mesa Gisbert.- La Presidenta Bachelet, los expresidentes Frei, Lagos y Piñera, y el ministro de Relaciones Exteriores Muñoz, dicen que Bolivia tiene acceso al mar y que nuestra demanda no es una demanda contra Chile sino contra el orden internacional basado en los tratados firmados entre estados.
La primera afirmación pretende cambiar el escenario del debate real. Bolivia demanda un acceso soberano al mar para tener un puerto propio, para manejar sin restricción alguna su comercio exterior y para volver a ser actor en la Cuenca del Pacífico, la más importante de la economía mundial en el siglo XXI. Soberanía que ejerció por más de medio siglo. No se trata, en consecuencia, de una enumeración de mayores o menores facilidades de tránsito, sino de categorías conceptuales distintas. Bolivia no discute aranceles ni derechos de almacenaje, demanda un acceso soberano que Chile se comprometió a otorgarle antes y después de 1904 en casi una decena de oportunidades. Lo hizo porque era consciente de que el territorio que usurpó mediante una invasión violenta y la soberanía que cercenó, no se reparaban con una línea férrea y facilidades de tránsito.
Chile tiene derecho a explicar sus argumentos contra la demanda boliviana a la opinión internacional, pero lo que de hecho hizo es faltar a la verdad de manera flagrante. A sabiendas de que nuestra demanda no está basada en absoluto en el Tratado de 1904, afirma que lo está y lo hace porque quiere asustar al mundo haciéndole creer que si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falla a favor de Bolivia, se sentaría un precedente que pondría en riesgo el orden internacional. Este aspecto esencial ha sido aclarado por El Presidente de Bolivia, quien ha dicho en las Naciones Unidas que “Nuestra demanda no busca alterar el orden internacional de los límites y fronteras, como tampoco amenazar los tratados internacionales”.
Sobre el meollo de nuestra demanda, la Presidenta, los expresidentes y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, hablan de “conversaciones preliminares”, cuando lo que hicieron las autoridades de Estado de Chile desde 1895 hasta 1983, fueron compromisos oficiales, formales y por escrito en los que mostraban su acuerdo o disposición de otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar.
En esa línea, son sugerentes dos olvidos muy señalados que corresponden al tiempo en que ellos gobernaron. En 2000, en una reunión en la ciudad de Algarve (Portugal), los ministros de Relaciones Exteriores Gabriel Valdez de Chile y Javier Murillo de Bolivia, en representación de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Hugo Banzer, acordaron discutir una Agenda sin Exclusiones, uno de cuyos temas era obviamente el mar. El término “Sin Exclusiones” se refería explicita e inequívocamente a que el acceso soberano al mar podía incluirse como un tema de negociación. En 2006, los presidentes Michelle Bachelet y Evo Morales acordaron una agenda que contenía 13 puntos de interés común en las relaciones entre ambos países. El punto 6 era el tema del mar. Esa agenda se hizo con base en el espíritu de Algarve. Tanto Bolivia como Chile eran conscientes de que en ese punto, la negociación podía incluir perfectamente la palabra soberanía como tema. El Presidente Frei y la Presidenta Bachelet al acordar una agenda de esas características, aceptaban que el tema del mar era un tema pendiente entre ambos países. Hoy, sin embargo, parecen haber olvidado su propia política exterior con Bolivia y suscriben la muletilla chilena de que no hay ningún tema pendiente entre ambos países.
No hay, en consecuencia, nada nuevo en el horizonte en cuanto a la actitud de Chile que ni tuvo ni tiene una voluntad política de cumplir sus propios compromisos. Lo nuevo es que Bolivia ha roto la cápsula de la bilateralidad en la que Chile quiso confinar el enclaustramiento boliviano. La demanda ante la CIJ ha obligado a Chile a dar explicaciones al mundo de su posición, porque se da cuenta de que nuestros argumentos no sólo son justos moral, histórica y jurídicamente, sino que se ventilan en el máximo tribunal internacional existente.
Chile, que hace gala de su vocación democrática y de su respeto al derecho internacional, debería responderle al mundo por qué no acepta la jurisdicción de la CIJ y porqué, en vez de demandar su incompetencia, no presenta sus argumentos a consideración de este organismo.
Finalmente, si el derecho internacional fuera inmutable no se justificaría la existencia de la Corte Internacional de Justicia, que ha resuelto en paz docenas de disputas entre estados.