DIVERGENCIAS. El Órgano Judicial busca mecanismos de coordinación más efectivos.

VEN ACTITUDES NEGATIVAS Y BUROCRACIA

Diferencias estarían afectando gestión en el Órgano Judicial

Sucre/CORREO DEL SUR

Diferencias entre magistrados en las salas plenas del Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el propio Tribunal Supremo de Justicia estarían impidiendo una adecuada gestión e inviabilizando algunos planes y proyectos en el sistema judicial, como la aprobación de una nueva estructura para reducir el personal administrativo y contratar más jueces para reducir la mora procesal, según revelaron los propios actores.
Ayer, el consejero Wilber Choque advirtió demasiada burocracia para viabilizar cualquier proyecto; sostuvo que por eso los cambios en el sistema judicial no se perciben y tampoco hay una adecuada coordinación entre las instituciones del Órgano Judicial.
Recordó que planteó en Sala Plena al menos cuatro proyectos para acelerar los procesos en flagrancia en coordinación con la Fiscalía General y un mayor control y fiscalización a los juzgados, no para hacer “persecución”, sino para solucionar las falencias y necesidades, según sus palabras.
“Les hice la propuesta en Sala Plena pero no le dan importancia y seguimos zapateando en el mismo lugar, haciendo cuestiones administrativas que al final no se refleja en beneficio de las personas que demandan justicia”, lamentó.
Sin embargo, el decano del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño, respondió que en las reuniones de Sala Plena se tratan los puntos considerados en la agenda.
En el caso del Tribunal Agroambiental, la magistrada Cinthya Armijo sostuvo que hay actitudes negativas de algunos colegas que impiden una adecuada gestión, empero, sostiene que pese a todo, habrá resultados en los próximos meses. Este clima de discrepancias persiste desde los cambios en la Presidencia.
En el Tribunal Supremo de Justicia la situación no es diferente: hay posiciones divergentes a través de disidencias que demoran algunos proyectos como el caso de la nueva estructura y la Ley corta de descongestionamiento en materia penal que ya está en tratamiento en el Senado, según versiones de autoridades que no quieren referirse públicamente al respecto.